La Fiscalía y la Defensa han elevado este miércoles a definitivas sus conclusiones en la segunda y última sesión del juicio contra el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, celebrado en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por un supuesto delito electoral en concurso con otro de prevaricación por omisión, por presuntas irregularidades en el padrón municipal y en obras, por los que el ministerio público mantiene, tras la declaración del acusado y testigos, la pena inicial interesada de un año de cárcel, multa de 5.400 euros y diez años de inhabilitación especial al entender que actuó de forma "consciente" y para "beneficiar" a su partido, el PRC.

Por su parte, la defensa del regidor regionalista, a cargo de la abogada Carmen Sánchez Morán, insiste en la libre absolución de su patrocinado, que ha ejercido el derecho a la última palabra en la vista, antes de que quedara vista para sentencia. En esa breve intervención, y tras alegar que ha vivido toda la vida en Valderredible salvo cuando se fue fuera a estudiar Filosofía y Ética, ha asegurado que precisamente por principios morales y éticos "jamás" haría algo ilegal.

En su interrogatorio ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, a y a pesar de haber dimitido como diputado regional para perder el aforamiento y ser juzgado por un tribunal ordinario, Fernández alegó que tras realizar "pesquisas indagatorias" no vio "ningún fundamento" para abrir expediente e investigar los escritos y denuncias de vecinos sobre personas que se habrían empadronado en Riopanero y San Andrés de Valdelomar sin vivir en estas pedanías, ni por obras que habrían ejecutado sin licencia o excediendo la misma en San Cristóbal del Monte.

El fiscal le ha reprochado durante las conclusiones que no hiciera "absolutamente nada" ni iniciara investigación alguna, y ha señalado al respecto que "las cosas hay que comprobarlas", más cuando obliga la ley, aunque detrás de la petición haya "personas pesadas" o "resentidas" -ha expresado para aludir a las numerosas quejas y continuos conflictos con algunas de ellas- o que los asuntos en cuestión tengan una "raíz política".

En este sentido, ha indicado que los nuevos empadronamientos en San Andrés perseguían "alterar" la mayoría a la hora de votar para "conseguir poder" haciendo que la pedanía recayera en un alcalde del PRC, el partido de Fernández, como así sucedió en 2015, después de haber ostentado el cargo durante cuatro años otro vecino, en representación del PSOE y que está detrás de las denuncias.

En el caso de Riopanero, el fiscal cree que el objetivo era mantener al regidor regionalista y "no perder el status quo" en el Valle de Valderredible. "El partido regionalista tenía que gobernar en esas pedanías".

Sobre las altas en cuestión en el censo municipal, el fiscal ha opinado que se corresponden, en ambas localidades, con situaciones "extrañas" y "raras", como dos chicos que se empadronaron a la vez y en casa del alcalde de San Andrés -del que eran "amigo"- durante varios años para acometer unas obras en la vivienda y reformar un local social.

De Riopanero ha puesto el ejemplo de dos hombres que han contado "el mismo cuento": que trabajaban en Madrid pero pasaban buena parte del año en casas que tenían en la localidad, o una mujer, veterinaria de profesión y concejal regionalista además, que estaba censada allí mientras que su familia estaba empadronada en Nestares. "Es muy raro", ha insistido.

Y de las supuestas cuatro obras irregulares en San Cristóbal, el representante de la Fiscalía ha afeado igualmente al regidor de Valderredible que "no se hizo absolutamente nada cuando había obligación". Al respecto, y después de oír a la arquitecta municipal, ha censurado el informe "ad hoc" hecho hace unos meses para tratar de "demostrar" que había ido a comprobar los hechos denunciados hace casi cuatro años.

Con todo ello, el fiscal ha considerado que Fernando Fernández actuó de manera "consciente" y para "beneficiar" al PRC o a personas vinculadas a este partido, por lo que ha interesado una sentencia condenatoria por un delito electoral en concurso normativo con prevaricación por omisión.

(Habrá ampliación)

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