El Justicia de Aragón apuesta por la mediación social, gestionar la defensa del menor y refundir su normativa

  • El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha apostado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, por impulsar la mediación social desde la institución que dirige, incorporar la defensa del menor y promover la aprobación en el Parlamento de un texto refundido de la normativa que rige el Justiciazgo.
El presidente de las Cortes, Javier Sada, y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado.
El presidente de las Cortes, Javier Sada, y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado.
EUROPA PRESS
El presidente de las Cortes, Javier Sada, y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado.

Ha comparecido ante el Pleno para presentar el informe de la institución correspondiente a 2018, año en el que la cámara le eligió para sustituir a Fernando García Vicente. Los ocho partidos representados en el Parlamento han manifestado su apoyo a la institución.

Dolado ha expresado que la ley reguladora de la institución se aprobó en 1985 y no recoge las funciones que le asignan otras 14 leyes autonómicas, de ahí la conveniencia de aprobar un texto refundido que aborde la función actual de la institución y los nuevos mecanismos de la misma.

Ha puesto de relieve que esta es una institución histórica y responde a "una singularidad" de Aragón, la única comunidad con cuatro instituciones propias. También ha considerado un acierto la designación del abogado Javier Hernández García como lugarteniente de la institución.

"Estamos realizando una mediación en determinados asuntos y en determinadas ocasiones conseguimos efectividad", ha asegurado el Justicia, quien ha añadido que un referente en esta materia es el Defensor del Pueblo Andaluz.

Ha dejado claro que el sistema de protección de menores se ha visto "desbordado" con el incremento del número de menores extranjeros no acompañados (MENA), lo que ha motivado el aumento de recursos públicos, lamentando que este compromiso de las Administraciones "no ha sido correspondido por parte de la sociedad", en referencia al "rechazo" hacia el acogimiento de estos menores.

El Justicia ha abordado, singularmente, algunos asuntos, como la situación de la provincia de Teruel, con un informe especial y la soledad no deseada de personas mayores, apostando por confeccionar un plan nacional.

INFORME DE 2018

En la presentación del informe, Dolado ha destacado la reducción del número de quejas, recogidas en 2.938 expedientes en 2017 por 1.784 el año pasado, puntualizando que ha agrupado las quejas individuales o colectivas cuando se trataba de un mismo asunto. De estos, 64 eran de oficio por 169 en 2017.

Por el contrario, el número de sugerencias y recomendaciones ha pasado de 221 a 237 de un año a otro, aceptando las distintas Administraciones públicas 106 en 2018, un 44 por ciento, cifra que rebasa el 70 por ciento incluyendo las aceptadas entrado este año. El Justicia ha recibido, en 2018, un total de 667 quejas presenciales, 866 por vía telemática, 31 en la oficina de Huesca y 24 en Teruel.

Entre las quejas abiertas de oficio, ha mencionado el estudio especial sobre los puntos de encuentro familiar, la relativa a una guía sobre consumo de drogas publicado por el Ayuntamiento de Zaragoza, y otras sobre violencia de género, el ICA y la homologación de costas del turno de oficio.

"Solucionamos problemas, no tramitamos meros expedientes", ha observado el Justicia, quien ha abogado por actuar "de forma proactiva" para defender los derechos y libertades, lo que requiere actuar de manera preventiva y coordinarse con las restantes instituciones, con medidas como orientar a los ciudadanos para dirigirse a las Administraciones cuando el objeto de la queja no competía a la institución, crear un catálogo de recursos ciudadanos y trasladar hasta 169 quejas al Defensor del Pueblo. Además, Dolado ha continuado realizando visitas al territorio.

ASUNTOS

El Justicia ha puesto de relieve algunas quejas, como las dos relativas a granjas extensivas de porcino, resueltas en 2019, el cobro de tasas de agua de riego;

Respecto al ICA, asunto que ha motivado numerosas quejas, ha dicho que "no se puede atribuir actividad irregular alguna al exigir el pago del impuesto" mientras la Ley de Aguas y Ríos de Aragón así lo establezca.

También ha recogido quejas por las demoras en actos médicos de oftalmología, cirugía cardiovascular y general, traumatología, y en general por las listas de espera sanitarias, indicando al respecto que le consta que "se intentan dar soluciones dentro de las limitaciones presupuestarias".

Otros casos aluden a la no cobertura de la atención buco-dental, en la red pública, a partir de los 16 años y a pacientes con discapacidad intelectual, que precisan anestesia general y tratamientos integrales.

"Hablar de trastornos de conducta alimentaria tiene nombre de mujer", ha dicho Dolado, quien ha traído a colación las quejas por la no inclusión de los tratamientos de anorexia y bulimia con el seguro escolar, como sí ocurre en otras comunidades autónomas. Ha propuesto crear un centro autonómico de referencia para estos tratamientos.

En el ámbito de la industria y el comercio, las quejas atañen a la gestión de empresas comercializadoras de energía, destacando Dolado que "sí nos responden", y en vivienda afectan a las adjudicaciones de pisos vpo. Ha manifestado su preocupación por los desahucios, que perjudican a "los especialmente vulnerables".

Las quejas sobre medio ambiente guardan relación con los vertidos y la calidad de las aguas, las de obras públicas con los justiprecios en expropiaciones y desperfectos, mientras que los 178 expedientes de educación hacen alusión a temas como las ratios docente/alumno y el mobbing.

GRUPOS.

El diputado del PSOE Sergio Ortiz ha resaltado que la institución "ha sabido adaptarse" al tiempo actual "y no quedarse anclada en el pasado", tras lo que ha indicado que el Gobierno tiene en cuenta sus sugerencias, mencionando los Departamentos de Educación y Sanidad.

La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero ha dicho que esta es una institución "útil", manifestando su "máxima confianza" y que el informe de 2018 es "un retrato de la sociedad aragonesa". Ha llamado la atención sobre la persistencia de las quejas dirigidas a Educación.

Desde Cs, Beatriz García ha puesto de relieve la reducción de la burocracia con la unificación de expedientes y le ha dado la enhorabuena por su impulso a la mesa de la soledad no deseada de personas mayores y el informe sobre la despoblación en Teruel. Ha mencionado las quejas de concejales de Cs, que tienen "verdaderos problemas" para acceder a información municipal.

En representación de Podemos, Nacho Escartín ha manifestado su apoyo a la institución. Ha pedido que se aborde con "especial cuidado" la atención a los MENA para "no estigmatizar" a este colectivo "y mucho menos azuzar actitudes xenófobas contra estas personas". Ha aplaudido la contención del gasto en la institución.

El diputado de CHA Joaquín Palacín ha señalado que "el Justicia está pegado a la realidad de lo que sucede en Aragón" y ha mencionado el trabajo realizado por Dolado en temas como la soledad no deseada y la despoblación en Teruel.

El portavoz de Vox, David Arranz ha dejado claro su "profundo respeto a la institución, la figura y la persona" del Justicia, una institución "arraigada en el sentir popular", salvaguardando el "proyecto único nacional" que defiende este partido. Ha dicho que el caso de los MENA es "un problema de gran magnitud" que produce "preocupación y alarma", preguntando "qué va a hacer en caso de que exista rechazo vecinal".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero ha subrayado que esta no es solo "algo simbólico o histórico" y que es una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, abogando por afrontar la reforma de la normativa que la regula e incrementar la colaboración de las Administraciones.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha hecho notar los "esfuerzos" por moderar el gasto de la institución y ha defendido la mejora de los servicios públicos y la garantía de los derechos de "los más vulnerables", así como no normalizar la pobreza.

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