El problema de seguridad que está atravesando Barcelona no está siendo ajeno a un colectivo como es el LGTBI+. A este le preocupa que este año se hayan registrado «unas 5 denuncias» por robos violentos contra personas LGTBI+ a la salida de conocidos locales de ocio «aprovechándose su estado de vulnerabilidad».

La cifra es baja respecto al total de incidentes registrados (44 denuncias hasta el 31 de julio, 33 de ellas agresiones, y 53 hasta el pasado 17 de septiembre) pero el Observatori contra l'Homofòbia (OCH) está atento a «este problema de seguridad» en el que además de ser víctima de un robo y de una agresión física o verbal también se padece una «discriminación».

En palabras del presidente del observatorio, Eugeni Rodríguez, «se está dando un nuevo 'modus operandi' en el robo con violencia con parámetros homófobos».

Sin querer transmitir una imagen de alarmismo, Rodríguez sí que habló este miércoles en la sede de la entidad de que están asistiendo a «escenas que no se habían visto hasta ahora». Preocupa especialmente el «rebrote» de los ataques «verbales» con insultos homófobos, afirmó, que se unen a los delitos físicos o bien de acoso o de amenazas.

Teniendo en cuenta que las cifras de los primeros siete meses del año (44) suponen un aumento del 40% respecto a las recogidas en 2018 (30), las 9 más contabilizadas este verano agravan la dimensión del problema.

Por distritos, el que más incidentes ha registrado hasta la fecha es el del Eixample con 17, seguido de Sants con 12 y de Ciutat Vella con 9. Son los barrios que más locales LGTBI+ aglutinan.

El aumento de estos delitos contra la comunidad LGTBI+ es equivalente en el conjunto de Catalunya. Hasta el pasado 31 de julio se tuvo conocimiento de 102 casos, un 40% más que en el mismo periodo de 2018. Del 1 de agosto al 17 de septiembre se han dado 15 denuncias más (117). Son cuatro más que las 113 de todo el año anterior.

Con todos estos datos recopilados, representantes del OCH se reunieron ayer por la mañana con el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, para trasladárselos y pedir reanudar las reuniones bilaterales que mantenían con Mossos d'Esquadra durante la etapa del mayor Josep Lluís Trapero.

En esta primera toma de contacto, pidieron a Buch herramientas para que las víctimas LGTBI+ puedan denunciar su problemática de forma rápida «desde cualquier comisaría de los Mossos catalana». También trasladaron a la Generalitat la necesidad de que se habilite «un organismo al que puedan derivarse todas estas denuncias».

En paralelo a esta reactivación de las conversaciones con la Policía catalana y la administración, pero a nivel local, el OCH solicitará una reunión con responsables de la Guardia Urbana de todos los distritos (la primera en Sants-Montjuïc) con el objetivo de consensuar actuaciones «de proximidad y más flexibles» en las atenciones de los agentes a pie de calle en casos de LGTBIfobia.

En la misma línea, el próximo lunes 23 se reunirán con responsables de Mobilitat del Ajuntament para hablar de «posibles acciones informativas en el transporte público y «para trabajar en un «protocolo de actuación ante cualquier agresión LGTBIfóbica que se pueda dar» de ahora en adelante en el Metro.

«Queremos lanzar el mensaje de que el transporte público es un lugar seguro para el colectivo», remarcó Rodríguez.

En la noche del próximo viernes al sábado, inicio de La Mercè, se hará una segunda prueba piloto de la línea de atención de WhatsApp del OCH (699 901 651) a tiempo real, de las 20 a las 03.00 horas, con el asesoramiento de psicólogos y abogados.

El Observatori contra l’Homofòbia (OCH) registró 44 casos de violencia contra el colectivo LGTBI+ hasta el 31 de julio, uno más que los 43 incidentes de los que tuvo conocimiento en la ciudad de Barcelona en todo el año 2018 (30 se dieron de enero a julio del año pasado).

De las 44 denuncias hasta agosto, más de dos terceras partes (el 75%) fueron ataques físicos o verbales. Pero también se dieron casos en el ámbito doméstico (dos de ellos), en el laboral (otros dos) así como de odio y exaltación (otro par). Hubo una discriminación por serofobia (aversión a las personas seropositivas). De las 33 agresiones, 13 tuvieron lugar en espacios de ocio y otras cinco en transportes públicos.

Así radiografía la situación el máximo responsable del OCH, para quien, a pesar de la Ley 11/2014 de Derechos LGTBI+, todavía «existe una impunidad social y legal».