El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles en la comisión de Presidencia con el voto a favor de BComú y el voto en contra del PSC –los dos grupos que conforman el ejecutivo municipal– una proposición de ERC que insta al gobierno de Ada Colau en la ciudad a hacer una declaración institucional de denuncia que llame a la "movilización ciudadana" tras una eventual sentencia del procés condenatoria.

La propuesta, que ha obtenido también la luz verde de JxCat y ERC y el rechazo de PP y Cs, reclama al Consistorio reconocer que las personas enjuiciadas son "presos políticos", exigir su libertad y el retorno de los líderes independentistas exiliados, apoyar la celebración de un referéndum y denunciar la "regresión de derechos y libertades que desde hace años sufre Cataluña".

Se ha aprobado después de que se modificara su último punto, que en un principio pedía el "pleno apoyo" del Ayuntamiento "a las actuaciones que emprendan la Generalitat y el Parlament como reacción a la sentencia" y que finalmente reclama el "compromiso" del Consistorio para trabajar con el resto de instituciones "para exigir la libertad" de los encarcelados, así como "llamar a la movilización ciudadana a favor de los derechos y libertades".

Durante la comisión, el concejal de BComú Marc Serra ha recordado que la formación liderada por la alcaldesa considera que los encarcelados son "presos políticos". Además, ha rechazado "la judicialización de la politica" y ha pedido la "libertad" de los líderes independentistas encarcelados y "el retorno de los exiliados".

Por su parte, la socialista Laia Bonet ha reiterado que ambos grupos dejaron fuera del acuerdo de gobierno este asunto, porque no comparten la misma postura, y ha afirmado que "se debe trabajar por la ciudad" y que "la mejor manera" es "dejar las confrontaciones". "Nuestra posición es que hay que trabajar por todo aquello que nos pueda unir", ha dicho.

A pesar de estas diferencias de criterio, BComú y el PSC han evitado crispar el debate entre ellos y los momentos más caldeados de la comisión los han protagonizado los demás grupos municipales, al enfrentarse soberanistas y constitucionalistas.

La número dos de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que "todo apunta a que la sentencia será dura" y se ha mostrado "segura de que cuando se conozca, los barceloneses no se quedarán quietos en casa". "Como institución no podemos darles la espalda", ha continuado, y ha exigido al gobierno de Colau "representar el sentir mayoritario de los vecinos". "Siete de cada 10 ciudadanos consideran injusto el encarcelamiento de los presos políticos", ha dicho.

Por su parte, la número dos de JxCat, Elsa Artadi, ha apuntado que "no se puede normalizar una situación gravísima de regresión de derechos y libertades". También ha señalado que "si la sentencia es condenatoria será una condena a la democracia, que debería permitir la disidencia".

La intervención más vehemente ha sido la de la presidenta del grupo de Cs, Mariluz Guilarte, que ha usado adjetivos como "delincuentes" y "cobardes" para referirse a los políticos presos o huidos de la justicia, que han "robado datos" y "malversado para pagar un golpe de Estado en toda regla" y ha reclamado investigar si el Ayuntamiento ha colaborado con esta "trama corrupta y mafia organizada". Ha afirmado, asimismo, que la proposición de ERC es un "ataque intencionado a la separación de poderes".

El líder del PP, Josep Bou, por otro lado, ha acusado a los cabecillas del procés de haberse "saltado la democracia" y de "dividir a un pueblo desde el poder". "Eso no tiene perdón de Dios, es un acto criminal, la han hecho muy gorda", ha apuntado. Además, ha asegurado que le da "vergüenza" cómo están "quedando" los catalanes "por culpa del nacionalismo", a pesar de que "la gran mayoría" siguen "diciendo que Catalunya es España".

Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, por su parte, ha llamado al gobierno municipal a representar a "todos" los ciudadanos, también a los "no independentistas". Y en la línea de Guilarte, ante la proposición de ERC ha pedido más "respeto a la separación de poderes". Ha dicho, asimismo, que "Cataluña no es una colonia oprimida, por lo que no tiene derecho a invocar el derecho a la autodeterminación". "La única reacción a la sentencia debería ser acatarla y volver a la política y a la cordura", ha concluido.