El caso por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 llega este miércoles al Tribunal Supremo, que revisará la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados.

No entrará el tribunal, presidido por el juez Andrés Martínez-Arrieta, en el debate sobre si incurrieron o no en un delito de terrorismo del que la Fiscalía siempre les acusó hasta el punto de pedir entre 12 y 62 años de cárcel para ellos.

Tras dos sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, que rechazaron que los hechos fuesen terrorismo, la Fiscalía decidió no recurrir al Supremo, como tampoco lo hicieron las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Lo que sí hará la Fiscalía durante la vista será impugnar los recursos de los ocho condenados, que apuestan por su absolución, y pedir que se ratifique la condena.

Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero no por terrorismo al no ver el tribunal que la agresión tuviese tal finalidad o se pudiese vincular con la estrategia de ETA.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016 cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados en el bar Kotxa de Alsasua y rodeados por un grupo de unas 25 personas que les gritaban para que se fueran con expresiones como "os vamos a matar por ser guardias civiles", "hijos de puta", "cabrones" o "txakurras".

Así consideró probado la Audiencia Nacional, que señaló en su sentencia que los acusados les propinaron "golpes, patadas y puñetazos" hasta el punto que el teniente de la Guardia Civil cayó porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné.

De hecho, apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.

No piensan lo mismo los acusados, que insistirán durante la vista en su absolución, si bien alguno también planteará como alternativa una posible reducción de condena o la eliminación de las agravantes.

De los ocho, siete están en prisión y solo Urkijo —sobre quien recayó la pena más baja, 2 años por amenazas y desórdenes públicos— continúa en libertad.

Desde que sucedieron los hechos, los familiares de los acusados, aunados en la plataforma Altsasu gurasoak, han criticado las sentencias de la Audiencia Nacional y han convocado diversas manifestaciones en protesta de unas penas que consideran desproporcionadas.