"Hemos constatado que los efectos catastróficos de las riadas se han visto agravados por la acumulación de cañaverales en las orillas del río que han sido arrastrados por las aguas", indican los diputados murcianos en su escrito.

Los puentes de Archena y Murcia quedaron atorados por las enormes bardomeras de cañas, provocando el desbordamiento y graves inundaciones en pueblos y pedanías de la Vega Baja del Segura. Las ramblas de Miranda y Albujón bajaban cargadas de lluvia del Campo de Cartagena y la Rambla de la Maraña se desbordó afectando a carreteras y la autovía.

En la web de la Confederación Hidrográfica del Segura se observa que no aparece en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación ninguna medida preventiva en las ramblas mencionadas, ni en otras. Tampoco aparece ninguna adjudicación contractual, en los dos últimos años, para la limpieza de cauces y ramblas cercanas a poblaciones, indican en su escrito.

"No se entiende demasiado bien que la CHS haya gastado casi 900.000 euros en gestión de redes sociales, vestuario, soporte informático o medios de comunicación y no haya invertido ni un solo euro en la limpieza de los cauces", han criticado Lourdes Méndez y Joaquín Robles.

En su escrito, los diputados murcianos han preguntado qué actuaciones concretas ha llevado a cabo la CHS en los dos últimos años para prevenir los desbordamientos de las ramblas o, al menos, para minimizar sus riesgos procediendo a la limpieza de los cauces.

Además de cuánto dinero ha invertido esta institución en los dos últimos años, en contratos para la limpieza de ramblas, torrenteras y cauces del río Segura; y cuáles son las actuaciones que, de manera urgente, tiene previsto realizar el gobierno para evaluar los daños y hacer frente a la situaciones en las que se encuentran miles de familias que han visto seriamente dañadas sus viviendas, negocios o sus plantaciones que, en la mayoría de los casos, constituyen su modode vida.

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del

Ejecutivo por otros 20 días más.