Respaldo de la Junta a los profesionales sanitarios del Hospital de Andújar tras la última agresión

  • La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta en Jaén, Trinidad Rus, ha participado en la concentración convocada este jueves en el Hospital Alto Guadalquivir como repulsa a la reciente agresión verbal que sufrieron profesionales del Área de Urgencias este centro hospitalario.
Concretación contra las agresiones a profesionales sanitarios
Concretación contra las agresiones a profesionales sanitarios
JUNTA DE ANDALUCÍA
Concretación contra las agresiones a profesionales sanitarios

Según Rus, "debe existir tolerancia cero frente a las agresiones y hay que seguir trabajando conjuntamente entre todos y todas en esta lucha". Por eso, la Consejería de Salud y Familias ha lanzado hace unos días una campaña informativa en los centros sanitarios para recordar a los usuarios que la Administración sanitaria denunciará cualquier agresión.

La concentración contra este tipo de hechos lamentables e injustificados se ha extendido al resto de centros de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir -en Jaén, los hospitales de Alta Resolución de Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real, y en Córdoba el comarcal de Montilla y los de Alta Resolución de Puente Genil y Valle del Guadiato-. La organización se suma así a las acciones que tanto la Administración sanitaria como los agentes sociales están promoviendo en esta materia.

La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir posee un Plan de Prevención y Atención de las Agresiones al personal, en el cual está trabajando con los distintos colectivos implicados en línea con el nuevo documento que está desarrollando la Consejería de Salud y Familias.

A través de este plan, cuando sucede un episodio de agresión, se pone a disposición de las víctimas de forma inmediata asistencia jurídica y apoyo psicológico. En este caso, tan pronto como fueron notificados los hechos, este protocolo se activó para cubrir cualquier necesidad que el personal agredido hubiera podido tener.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia. Se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

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