La creación de este observatorio se basa en una orden del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 19 de junio, según han explicado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Se trata de un órgano colegiado dependiente de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que colaboran representantes de otros organismos públicos del Estado con competencias para atajar los posibles fraudes -Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Inspección de Trabajo y Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social-, con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales.

La comisión provincial está presidida por el director de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga, Óscar Bujalance, que ha puesto en valor la constitución de este foro entre los distintos organismos, entidades y agentes sociales que persiguen "intereses comunes en la lucha contra el fraude, con el objetivo de estudiar y formular propuestas de actuación en esta materia", además de evaluar los resultados, difundirlos y sensibilizar socialmente sobre las prácticas que fomentan el fraude".

Entre los objetivos del observatorio está la prevención, detección y corrección del fraude a la Seguridad Social. Este órgano hará propuestas de estudio y análisis de datos para detectar esas posibles conductas irregulares en materia de afiliación, cotización y recaudación, en especial, de percepción indebida de beneficios y prestaciones del sistema.

Se desarrollarán, además, planes de actuación de control e inspección específicos y, si fuera preciso, propuestas de modificaciones normativas. El observatorio también hará seguimiento de las actuaciones y análisis de los resultados, con su posterior divulgación.

La lucha contra el fraude a la Seguridad Social es un objetivo estratégico para la Tesorería General, han recordado. Este proyecto adopta un enfoque de tratamiento integral para la prevención del mismo, para reforzar la confianza y la credibilidad del sistema de la Seguridad Social.