Todos los diputados provinciales han alcanzado consenso sobre esta cuestión que fue propuesta por el presidente provincial, José Tomé, para dar cumplimiento al pacto de gobierno alcanzado entre socialistas y nacionalistas para este órgano.

Y es que, a través de un comunicado remitido a los medios, la propia Diputación de Lugo reconoció que aunque este instrumento fue en su momento una entidad "útil" para la provincia, "quedó desvirtuada por las disfunciones producidas en los últimos años".

Todo ello tras las diferencias que surgieron entre el Grupo Socialista y el que diputado no adscrito (tras su expulsión del PSOE) y expresidente de este órgano, Manuel Martínez. De hecho, la situación motivó que la diputación provincial le retirase a Suplusa la condición de medio propio en marzo de 2018.

La Diputación de Lugo ha señalado que dado que Suplusa es en la actualidad el único ente instrumental de la institución, su disolución supondrá también culminar el proceso de reestructuración de la Diputación, un objetivo que también se recoge en el acuerdo de gobierno entre PSOE y BNG.

TRABAJADORES

En cuento a los actuales trabajadores de Suplusa, la portavoz socialista del gobierno, Pilar García Porto, ha destacado que la corporación tiene la voluntad de garantizar sus derechos laborales, para lo que solicitarán los informes técnicos pertinentes.

En este sentido, ha indicado que el acuerdo alcanzado este jueves por unanimidad incluye dos puntos. El primero de ellos recoge la disolución de la sociedad y la realización de todos los trámites que sean necesarios para lograr su extinción total.

Además, en un segundo apartado, se recoge la constitución de una comisión técnica, integrada por personal funcionario de la Diputación, por trabajadores de Suplusa y por diputados para decidir el modelo de gestión de los servicios que prestaba la entidad mercantil.

FASES DEL PROCESO

La diputación provincial ha explicado que el procedimiento para disolver Suplusa arranca con este pleno extraordinario y consta de tres fases: la de disolución -que ahora se abre-, la de liquidación y la de extinción definitiva de la entidad y de su personalidad jurídica.

Todas ellas, con una duración estimada de al menos dos años, se realizarán según las indicaciones técnicas de los servicios provinciales implicados en el marco de lo establecido en la ley. Además, los tres grupos políticos formarán parte del plan.

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