Así lo ha indicado tras apuntar en un comunicado que el Ayuntamiento acometerá "con absoluta responsabilidad" el pago de deuda por sentencias judiciales correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 con cargo a 26 millones de euros procedentes de fondos de ordenación del Ministerio de Hacienda, una medida que se lleva al pleno extraordinario de este jueves.

La teniente de alcalde y concejal de Hacienda, María Orozco, han señalado que el acuerdo va destinado a abonos pendientes con concesionarias y otras empresas que acudieron a la vía judicial para reclamar al anterior gobierno local, del PP.

"Por tanto, por nuestra parte toca afrontar con altura de miras esta deuda que nos ha tocado, nos corresponda o no, y el mismo ejercicio es el que nos habría gustado ver hoy en el PP, que sabe que las mayúsculas de su deuda tienen también una letra pequeña que toca asumir y que hemos intentado que sea lo menos gravosa posible", ha señalado Orozco.

En este sentido, la edil ha destacado que pagar esta deuda obliga a acometer una subida en el IBI por modificación del plan de ajuste redactado por el PP. Este incremento, que el equipo de gobierno ha reducido hasta el 0,05 por ciento, sitúa el tipo del 0,60 en el 0,65 por ciento.

Orozco ha apuntado que la crítica de la oposición no se sostiene cuando en su mandato se ha incrementado el recibo del IBI un 18 por ciento por la vía de la subida del valor catastral. "Esta subida del 18 por ciento del valor catastral es un porcentaje de dos cifras a prueba de quienes siendo responsables de esta situación prefieren tirar de demagogia", ha señalado la concejala.