En respuesta a preguntas parlamentarias de los grupos Nacionalista y Popular, ha comentado que el Gobierno, a través del área de Hacienda, va a estudiar la medida para conocer el coste "de manera precisa".
Además, ha comentado que en una primera fase, la medida irá orientada a los "colectivos más vulnerables" que han agotado la PCI o quedaron fuera, en torno a unas 40.000 familias (90.000 personas), y progresivamente se abrirá a otros segmentos de la sociedad como las personas que perciben pensiones no contributivas o trabajadores en precario.
Santana, que ha agradecido el "renovado interés" del PP por esta iniciativa, ha lamentado el rechazo a las iniciativas parlamentarias de NC y Podemos en la pasada Legislatura, ya que se ha perdido un "tiempo preciosísimo", si bien cree que ahora se iniciará un proceso "más participado" con colectivos y grupos parlamentarios.
Cristina Valido, diputada del Grupo Nacionalista, ha reconocido que se le hace "un tanto raro" cuestionar a la nueva consejera meses después de dejar el cargo, advirtiéndole de que "no tire a la basura" el trabajo anterior porque "el tiempo es mínimo".
Asimismo, le ha advertido de que no utilice todos los fondos de la ley de servicios sociales en la renta ciudadana, ya que la nueva ley necesita de una amplia financiación.
Hipólito Suárez, del Grupo Popular, ha pedido a Santana que "se ponga a trabajar" en el proyecto, dado que "no se ponen de acuerdo" en el Gobierno con su desarrollo, pues los tiempos y la financiación varían dependiendo de cada área del Ejecutivo.
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