Vista aérea de Plaza.
Vista aérea de Plaza. GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Gastón ha señalado que este acuerdo permite "ganar en agilidad administrativa" y urbanística para "dar respuesta a la demanda de proyectos inversores".

La reciente modificación de la normativa que regula la concesión de estas declaraciones -aprobada en el mes de enero- ha permitido incrementar la agilidad administrativa y simplificar la tramitación de proyectos, especialmente en las comarcas mineras, pero también de iniciativas de envergadura en el resto de la Comunidad.

Entre otros aspectos, permite que la declaración de interés autonómico de una inversión pueda implicar la declaración de interés general conforme a la normativa de ordenación del territorio, como en el caso del proyecto de ampliación de Plaza.

Este proyecto, que promueve la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL) "es fundamental para dinamizar la economía", ha continuado la consejera, destacando que la superficie lucrativa se incrementará en 203.118 metros cuadrados, a lo que se suman 645.000 metros cuadrados ya urbanizados y todavía disponibles. Es "una apuesta importante" para el Gobierno de Aragón ya que la Administración regional lleva unos dos años trabajando con promotores para instalar nuevas empresas.

UBICACIÓN

Esta ampliación linda con los límites de Plaza por el sur y permitirá lograr una parcela de gran tamaño de uso logístico-industrial. Además, incluye en su ordenación otra parcela de menor superficie, así como zonas verdes perimetrales, una zona de infraestructuras, vial de acceso y aparcamientos públicos. Su acceso se realizará directamente desde la rotonda situada en la carretera de la Base Aérea.

En los últimos años, se han vendido con mayor facilidad las parcelas de mayor superficie, observándose una menor demanda de las parcelas de 5.000 metros cuadrados o menos. Se estima que en estos momentos en Plaza hay instaladas en torno a 350 empresas que dan empleo a entre 13.000 y 14.000 trabajadores.

Este proyecto tiene un impacto económico directo en la Hacienda del Gobierno de Aragón, derivado de la adquisición o expropiación de terrenos, la inversión en urbanización y los ingresos por la venta, que supondrá un saldo positivo de alrededor de 1,3 millones de euros.

Además, "será un importante elemento de cohesión territorial, al generar un impulso económico indirecto en los municipios próximos a la ciudad de Zaragoza, y de cohesión social al reactivar y ampliar la actividad económica de dichos municipios, fomentando el asentamiento de la población de los mismos". La ejecución del proyecto también prevé la mejora estratégica de las infraestructuras de movilidad en aquellos ámbitos en que resulte necesario, contribuyendo a la mejora de las comunicaciones del entorno.

El desarrollo del sector de la logística ha sido una de las mayores apuestas de Aragón en los últimos años para aprovechar la disponibilidad de suelo y la ubicación estratégica de la Comunidad Autónoma aragonesa, situada a menos de 300 kilómetros de las principales ciudades españolas y siendo puerta de entrada a Europa.

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