El Colegio de Arquitectos (COAM) y el de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) firmaron un convenio para desarrollar conjuntamente un modelo de resolución de informes de licencias para contribuir a una más rápida resolución de esta concesión administrativa por parte del Ayuntamiento.

Redacción de informes

El vocal de Urbanismo del COAM, Pedro Ortiz, señaló que el convenio está amparado por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y las ordenanzas municipales de tramitación de licencias ya que abren la posibilidad a que los colegios profesionales puedan colaborar con las administraciones en la redacción de los informes previos a la valoración, concesión o denegación de las solicitudes de licencias urbanísticas.

Ortiz apuntó que ésta es la vía por la que apuesta el COAM frente a las otras dos alternativas existentes en este terreno: la actual, por la que el Ayuntamiento de Madrid concede estas licencias, y la opción de cambiar la ley para que se creen entidades certificadoras, definidas como gestoras privadas por el COAM.

"Venimos ofreciendo nuestra colaboración al Ayuntamiento desde hace meses, desde diciembre, para realizar estas oficinas de informe de licencias", explicó Pedro Ortiz, que añadió que arquitectos superiores e ingenieros industriales tienen la responsabilidad en el 90 por ciento de la edificación que se realiza en Madrid.

De dos meses a dos años

Los colegios calculan que el tiempo de tramitación de sus informes puede quedar reducido a un plazo de dos meses frente a los actuales, que en ocasiones se alargan hasta los dos años. Desde el COAM esperan que "en septiembre u octubre" puedan iniciar estas tramitaciones.

Tanto el COAM como el COIIM añadieron que invitarán a otros colegios con responsabilidades en dicho ámbito a que se incorporen al proceso propuesto para el conjunto de la Comunidad de Madrid. Ambas instituciones puntualizaron que la medida propuesta "no tendría coste para los ayuntamientos y supondría una reducción de los costes de tramitación, personal e informes". El coste para los particulares podría ser compensado por la reducción de las tasas, esto es, de los costes de tramitación de dichos expedientes para los ayuntamientos.