En la que puede ser la penúltima reunión de política monetaria del BCE liderada por el italiano Mario Draghi antes de que ceda la batuta a la francesa Christine Lagarde se espera una vuelta de tuerca en la política de estímulos para animar una economía europea en clara desaceleración.Hay convicción entre los expertos en que eso se traducirá en, al menos, una rebaja del tipo al que el BCE custodia la liquidez de las entidades financieras desde el -0,4% actual a un umbral entre el -0,5 y -0,6%, con la consiguiente erosión añadida para el margen de resultados.Pero si esa decisión, que el BCE abordará el jueves durante su Consejo de Gobierno, se da ya por inevitable, quizá el mayor partido se juega dos días antes. El abogado general del TJUE Maciej Szpunar dirimirá el martes si el IRPH se comercializó en España adecuadamente o sin suficiente transparencia.Su resolución no es vinculante, aunque el criterio final de la Corte de Luxemburgo, que en este caso se espera para fin de año o principios de 2020, suele coincidir en casi un 80% de las ocasiones con el abogado general.Un revés judicial ocasionaría un roto de entre 2.000 y 44.000 millones de euros a las entidades financieras, conforme a estimaciones de diferentes bancos de inversión que asumen para sus cálculos que el TJUE obligase a compensar a los clientes por el importe cobrado de más al aplicar el IRPH y no el euríbor a las hipotecas aún vinculadas a dicha referencia o con efectos retroactivos.Según la asociación de consumidores Asufin hay aún un millón de familias con préstamos así y el coste económico para la banca podría alcanzar los 25.000 millones, por encima de los 17.000 millones desvelados por las entidades en exposición.El IRPH es el último gran litigio que enfrenta el sector tras las cláusulas suelo, las participaciones preferentes o las cláusulas de vencimiento anticipado.

El abogado que resolvió sobre los embargos

Precisamente el letrado polaco Maciej Szpunar encargado del IRPH fue el abogado general que se mostró partidario de limitar los embargos sobre hipotecas con vencimiento anticipado en un mes y su resolución fue posteriormente respaldada por el TJU en una sentencia que movió a España a cambiar la ley.Sin ser concluyente, se espera que su resolución pueda arrojar el martes algo de luz a un proceso que se remonta a 2013 cuando llegaron las primeras demandas a los tribunales. En 2017 el Tribunal Supremo resolvió a favor de la banca al tratarse el IRPH de un indicador oficial y elaborado por el Banco de España.Pero a principios de 2018 algunos tribunales regionales elevaron la consulta a Europa moviendo al TJUE a pronunciarse ahora sobre el potencial carácter abusivo de la cláusula.Un jarro de agua fría es susceptible de detraer miles de millones de euros en compensación, aunque el fallo, positivo o negativo, debería despejar de una vez este foco de incertidumbre.La situación es distinta si el BCE decide, como se espera, dar otra vuelta de tuerca a los tipos de interés, ya que su impacto dependerá de cuánto se prolongue en el tiempo y ya está afectando a las estrategias comerciales.El organismo bajó al cero por ciento el precio oficial del dinero el 10 de marzo de 2016 y fijó en el -0,4% la facilidad de depósito o cargo que repercute a las entidades por custodiar su liquidez.La banca ha lamentado que esa situación presiona a los márgenes y afecta a su rentabilidad ante las dificultades para trasladarla a los clientes sin que sufra la relación de negocio.En un inicio el sector se limitó a cobrar a inversores institucionales y entidades financieras por su tesorería, en línea con lo que el BCE hace con su liquidez, y en los últimos meses ha extendido la práctica a empresas en función del negocio y relación mantenida con ellas.El cargo ronda el 0,15% y se centra, sobre todo, en la tesorería que las compañías tienen en cuentas y no precisan para sus pagos rutinarios —nóminas, proveedores, etc—. En el sector financiero explican esta decisión en intentar movilizar los fondos a otros productos con mejores expectativas de rentabilidad para el cliente y que generen ingresos al banco al estilo de las comisiones que empezaron a cobrarse en las cuentas con particulares con escasa relación comercial, y que son gratuitas si llevan nóminas y recibos.El sector descarta por el momento trasladar coste alguno a los clientes particulares por sus ahorros, aunque es una práctica que comienza a verse en otros países de la zona euro.