"Va a permitir que los vehículos incautados no solo por los juzgados de Jaén, también los de Granada y Almería, queden bajo custodia en estas instalaciones", ha afirmado este miércoles en una nota tras su puesta en funcionamiento en la citada localidad, con una superficie de 17.566 metros cuadrados y capacidad para 614 vehículos.

El depósito judicial, el segundo de carácter público tras el de Sevilla, comenzó a funcionar el pasado 1 de septiembre y supone una inversión de 737.132 euros para los tres próximos años, tiempo por el que se ha firmado el contrato con la empresa adjudicataria que se encargará de su gestión, aunque con posibilidad de ampliación a otros dos.

Se divide en cuatro sectores, de modo que las 614 plazas se reparten en 4.139,88 metros cuadrados para custodiar 34 vehículos de gran tamaño; otros 536,60 para acoger 26 automóviles de gran valor; 5.514,82 metros cuadrados para 296 automóviles y 6.804,75 metros cuadrados destinados a 258 automóviles y 391 motocicletas.

"Era necesario que estas instalaciones entraran en funcionamiento, ya que hasta ahora Andalucía solo disponía de un depósito judicial público ubicado en Sevilla", ha asegurado la delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

El objeto de este contrato es la recogida, transporte, depósito y custodia de los vehículos a motor y remolque, siempre y cuando estén vinculados a un expediente judicial tramitado por alguno de los juzgados de Jaén, Granada o Almería. Igualmente, si así lo ordena la autoridad judicial, se contempla la destrucción y baja de los vehículos.

Las actuaciones judiciales pueden llevar implícita la incautación o confiscación de los bienes objeto del delito y de los instrumentos o efectos relacionados con el mismo, que deben ser conservados a disposición judicial mientras se resuelve el procedimiento penal que decida finalmente su destino. Por este motivo, tanto la salida del vehículo, su devolución o destrucción se produce siempre a instancias de la autoridad judicial que haya ordenado su depósito.

La Consejería de Justicia, a través de la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas, es la responsable de coordinar y gestionar los depósitos judiciales en Andalucía, espacios destinados a la recepción y conservación de los objetos intervenidos y de los efectos del delito cuando así haya sido ordenado por los órganos jurisdiccionales de la comunidad.

La Junta se hace cargo de los gastos que origine su depósito sólo en aquellos supuestos en los que el procedimiento judicial concluya con absolución del procesado, sobreseimiento de la causa o declaración de rebeldía o insolvencia del condenado en costas.

Hasta ahora el único depósito judicial con carácter público que funcionaba en la comunidad era el de Sevilla. Da servicio, además de los juzgados sevillanos, a los de Huelva, Málaga y Cádiz (salvo Algeciras)