Familias de los bebés afectados por la ingesta de crecepelo por error denuncian que la empresa que importó el producto tuvo ya en 2013 una incidencia que supuso la retirada en España de un antiinflamatorio que comercializaba y que en 2015 se prohibió en Argentina la distribución de sus productos.
Ante estos datos, la representación legal de nueve de los afectados, todos de Cantabria, ha registrado una ampliación de la denuncia penal.
En esa ampliación advierte del "descontrol" empresarial y apunta a la importación de productos a bajo coste -el fabricante de este medicamento es un laboratorio indio-, que hizo Farma-Química del Sur y de la que entiende que se lucraron otros implicados, como las distribuidoras.
Fue a finales de julio cuando se conoció que algunas familias de bebés afectados a los que suministraron por error minoxidil en lugar de omeprazol presentaron una denuncia penal.
Los últimos datos del Ministerio de Sanidad apuntan a que habría 20 casos y no solo en Cantabria, sino también en Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Esa denuncia del mes de julio se dirigía contra un laboratorio, empresas importadoras y distribuidoras de medicamentos y dos farmacias cántabras por fabricar, distribuir y vender un producto crecepelo que se les suministró por error a estos menores.
El asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega, que ya ha dictado el auto de admisión y ha ordenado las primeras diligencias investigadoras.
Denuncian dos nuevos delitos
Estos afectados que han denunciado, a los que representa Francisco Javier Díaz Aparicio, apuntan en un escrito registrado en el Juzgado que pudieron cometerse delitos contra la salud pública y de lesiones, como ya se indicó en la primera denuncia, a los que suman otro contra los derechos de los consumidores y otro de falsificación, por el etiquetado y certificado del medicamento.
La ampliación de la denuncia también incorpora un nuevo afectado y habla de otra farmacia que suministró el producto.
La magistrada de Torrelavega ya descartó investigar a los farmacéuticos, lo que la representación legal acepta, aunque rechaza que no haya responsabilidad penal de las personas jurídicas, un aspecto que motivará un recurso.
La ampliación de la denuncia incide en el "descontrol" en la comprobación de los productos y en su baja calidad.
Se apunta a un posible delito de falsificación especial, puesto que "el certificado y etiquetado que necesariamente debe acompañarse al medicamento contiene información falsa".
También se señala un posible delito contra los derechos de los consumidores, porque "las características del medicamento suministrado a los perjudicados no se corresponde con el contenido real".
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