El Govern multará a Endesa si acaba cortando la luz a familias vulnerables

  • En la primera de las tres reuniones previstas esta semana, Generalitat, diputaciones y municipios trabajan por una respuesta "conjunta" a la emergencia energética.
  • La eléctrica propone a los ayuntamientos que paguen el 50% de la deuda acumulada, de 21 millones de euros, y la empresa el 50% restante.
Electricidad. Tendido Eléctrico
Electricidad. Tendido Eléctrico
EUROPA PRESS - Archivo

El Govern de la Generalitat, las diputaciones, municipios y entidades del tercer sector han acordado este lunes trabajar en una respuesta "conjunta y coordinada" que fuerce a las eléctricas a firmar convenios para solucionar los impagos de las familias en lugar de cortarles el suministro. La decisión se enmarca en la primera de las tres reuniones previstas para esta misma semana para abordar la amenaza de Endesa de cortar la luz a las familias vulnerables con deudas.

Tras el encuentro, el conseller Chakir El Homrani ha explicado que el primer paso será enviar una carta a Endesa y a los ayuntamientos para recordar que "el terreno de juego" es la ley 24/2015 que impide los cortes de suministro a las familias vulnerables y que, por tanto, si cumplen la amenaza el 1 de octubre, la compañía se enfrenta a expedientes y posibles sanciones por parte de la Generalitat.

El Homrani ha abierto de este modo la puerta a las suministradoras eléctricas a firmar un convenio conjunto con la administración que regule el pago de la deuda de las familias vulnerables, tal y como propone la ley 24/2015, una solución prevista en este marco legal del 2015 pero que ninguna compañía eléctrica ha utilizado en los últimos cuatro años.

La propuesta que ha enviado Endesa a los ayuntamientos por carta es que la administración asuma el 50% de la deuda acumulada y la empresa el 50% restante. De esta manera se condonaría la deuda acumulada que asciende a los 21 millones de euros.

El conseller ha sido contundente con el hecho de que Endesa ha de retirar esta amenaza porque sería actuar contra la ley y, por tanto, se arriesgaría a la apertura de expedientes y posibles sanciones. Para El Homrani, las amenazas son "inadmisibles" y, por eso, la voluntad de las administraciones es poder tirar adelante los convenios con las empresas suministradoras de luz.

Tanto El Homrani como el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer, han insistido en que la reunión de este lunes ha servido para acordar esta unidad a la hora de dar respuesta a Endesa y que en ningún caso se ha hablado de los términos que tendría que incluir el eventual convenio.

Ferrer ha insistido en que no hay porcentajes ni cifras porque no se trabaja con "apriorismos" aunque ha insistido en que independientemente de lo que dice la ley, "hay unos recursos que no se pagan y se ha de encontrar una solución y el equilibrio". Por eso, la Generalitat hará su planteamiento después de que Endesa haya enviado el de la compañía, y buscar acercar posiciones que se irán debatiendo en una mesa de trabajo a lo largo de las próximas semanas. Este próximo miércoles, la Diputació de Barcelona reunirá a los alcaldes y el próximo jueves lo hará el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

Buena acogida de las entidades

Las entidades del tercer sector han recibido con optimismo la posición unitaria de la reunión. El portavoz del ámbito de la energía de la Taula del Tercer Sector, Martí Batllori, ha recalcado que "no se puede amenazar" con los derechos a las personas y ha insistido en que el de la energía está "reconocido" y se ha de "respetar".

Por eso, ha celebrado la respuesta conjunta y ha pedido a la Generalitat que lidere la respuesta a Endesa para que ponga "por delante el derecho de las personas". En lo referente a las concreciones del posible convenio, Batllori lo ha dejado en manos de las administraciones, aunque ha insistido que en ningún caso se puede poner en duda el respeto a los derechos de las personas.

Por su parte, desde la Aliança de la Pobresa Energètica (APE), su portavoz María Campuzano ha manifestado antes de entrar a la reunión que las reclamaciones de Endesa y de la administración parecían "ilegítimas" porque considera que la deuda acumulada por las familias vulnerables son culpa de las propias empresas eléctricas que no han querido suscribir los convenios propuestos por la ley y que son responsables, también, de que menos del 30% de las familias vulnerables se puedan acoger al bono social.

Es por ello que exigía que la deuda de 21 millones de euros la asuma la propia compañía, teniendo en cuenta sus beneficios del año 2017, que fueron de 1.511 millones de euros. Campuzano también pedía contundencia con las posibles sanciones a Endesa si corta la luz a las familias vulnerables cumpliendo así su amenaza.

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