El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha dado instrucciones a la Inspección General de Servicios para la apertura de una información reservada, a la vista de la documentación recibida en esta Consejería referente a la concesión de subvenciones destinadas a programas de formación para desempleados, señala a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El vicepresidente Igea se ha reunido con el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, para analizar conjuntamente la documentación que se ha puesto a disposición de la Junta. En este encuentro se ha decidido "agilizar" la recopilación de las informaciones que sean precisas para investigar internamente las gestiones vinculadas con esta materia efectuadas en los últimos años.

Además, el vicepresidente Igea y el consejero Barrios han dado instrucciones para que se acelere cualquier colaboración con la Justicia, para poner a su disposición cuantos datos pueda demandar a este respecto.

Una actuación que llega después de que la Fiscalía de Valladolid haya remitido al Juzgado de Instrucción 3 la denuncia que presentó un abogado contra el Ecyl el pasado mes de marzo por el reparto de subvenciones de los programas de formación para desempleados que considera "teledirigido" y que, asegura, beneficia a los "oligopolios" de los pequeños centros comerciales, según informa El Norte de Castilla en su edición de hoy.

El rotativo indica que el ministerio público ha solicitado a la instructora que se abran diligencias para esclarecer si, como sostiene la denuncia, los hechos pudieran ser constitutivos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa continuado, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio de su función en el Ecyl, además de percepción fraudulenta de subvenciones, "todo ello, incluso en el ámbito de una verdadera trama u organización criminal".