En este sentido, ha confirmado la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, la intensificación del control administrativo, que está llevando a cabo la Junta de Andalucía "para culminar con una regulación más clara y precisa en la prospección de los pozos, con la intención de prevenir desgraciados incidentes, como fue el acaecido este año en Totalán".
Además, la delegada del Gobierno ha considerado que "esta actividad de control es primordial no sólo por una cuestión de seguridad para las personas, sino para garantizar el uso eficiente de un recurso como el agua, cada vez más escaso, fundamental para la vida y también para la agricultura, uno de los principales sectores productivos en Málaga y Andalucía".
Al respecto, ha puntualizado que "ningún ciudadano, ni tampoco los agricultores de buena fe, que cuentan con sus captaciones de agua regularizadas, merecen verse afectados por esta actividad ilegal, que hace mermar los acuíferos".
La Junta de Andalucía ha recibido en lo que va de año en la provincia de Málaga más de 570 solicitudes de obra para autorizar un pozo o sondeo. Patricia Navarro, ha recordado que Málaga es de las provincias andaluzas con mayor número de pozos, con un registro de 30.800, por lo que "hemos impulsado la coordinación entre
administraciones competentes en la materia para localizar cualquier actividad infractora".
Se refiere así, Patricia Navarro, al trabajo realizado por el Seprona de la Guardia Civil, a través del Plan de Choque para el control de pozos ilegales, que durante el presente año ya ha remitido a la administración autonómica 129 denuncias de excavaciones.
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