En este sentido se ha pronunciado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta tras una visita de la directora general de Infancia, Antonia Rubio, al centro de El Molinillo de Jerez, donde ha estado acompañada por el delegado territorial, Miguel Andréu.

En una nota, la Consejería ha insistido en que en este asunto "la prioridad es el bienestar de los menores, por lo que todas las actuaciones que se están desarrollando van encaminadas a garantizar la adecuada atención de ellos".

La propia Consejería abrió una investigación interna e inició un trabajo de análisis en el "mismo momento en que se tuvo conocimiento de los hechos". Igualmente se ha extendido el seguimiento no solo al centro investigado, sino a todos los que gestiona la entidad Hogar El Molinillo en las provincias de Cádiz y Málaga.

La Junta ha asegurado que la asistencia a los menores extranjeros no acompañados está "más que garantizada" y en este año se ha desarrollado una "racionalización de los recursos que ha permitido una mejor atención a los menores que han llegado a las costas andaluzas".

Así, el número de menores extranjeros no acompañados que han pasado por el Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en el primer semestre de 2019 se ha incrementado un 31 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, hasta 4.369 niños y adolescentes han pasado por este sistema frente a los 3.335 que lo hicieron en 2018.

En este primer semestre, un total de 2.029 menores extranjeros noacompañados han ingresado en algún recurso de protección de menores, un 41 por ciento más que en el mismo periodo de 2018. Actualmente, el Sistema de Protección de Menores de la Junta cuenta con una red de recursos residenciales, tanto para menores extranjeros como para nacionales, de 2.359 plazas. De ellas, 1.927 están gestionadas por entidades colaboradoras y 432 directamente por la Junta.

Estas plazas se distribuyen por toda la comunidad autónoma y en estos centros se desarrollan distintas modalidades de programas: residencial básico, primera acogida, discapacidad, inserción sociolaboral, etc.

Además, con el objetivo de "mejorar la atención inmediata de las necesidades básicas de alojamiento y manutención" se han sumado hasta ahora 1.319 plazas a la red normalizada de recursos residenciales destinados a estos menores a través de la Orden del 25 de febrero, para lo que se han destinado en torno a 18 millones de euros.