El primer ministro británico, Boris Johnson, puso la semana pasada patas arriba su país con la decisión de pedir a la reina Isabel II el cierre adelantado del Parlamento. No quiere injerencias en su estrategia para culminar el divorcio con la UE. Sin embargo, los laboristas y los conservadores rebeldes se han levantado contra el sustituto de Theresa May con una ley que impediría una salida no negociada de la UE.... Este es el estado de la cuestión:

El 31 de octubre se producirá, previsiblemente, la salida del Reino Unido de la UE, con o sin acuerdo. Es la fecha que establecieron los Veintisiete el pasado mes de abril al conceder una prórroga a Theresa May, no sin división interna, para que intentara obtener el aval del Parlamento a su pacto con Bruselas para un brexit ordenado. Y Johnson se agarra a ella por encima de todo. La fecha original, la buena, era el 29 de marzo, casi tres años después del referéndum.

El Parlamento británico, por su parte, dio un giro a los acontecimientos y la noche de este martes aprobó que se comience a tramitar una ley que le devolvería el control sobre el brexit. Esta nueva ley obligaría a Johnson a solicitar una nueva prórroga si no se alcanza un acuerdo antes del 31-O. Es decir, impide el brexit duro.

El Parlamento tramita esta ley por la vía de urgencia, ya que a partir de la semama próxima estará cerrado hasta el 14 de octubre, cuando se celebrará el llamado "Discurso de la reina", momento en el que Isabel II leerá las medidas que el Gobierno contempla para el curso. A continuación, habrá un debate en la Cámara de los Lores sobre ello que durará unos cinco días.

Los días 17 y 18 de octubre, además, hay un nuevo Consejo Europeo sobre el que el Parlamento podrá opinar debidamente después de las sesiones del "Discurso de la reina", dicen desde Downing Street, en un llamamiento a la calma.

Si Boris Johnson consigue renegociar en ese Consejo con la UE un plan para una salida ordenada y este recibe el visto bueno del Parlamento, comenzaría un periodo de transición desde el 31 de octubre hasta diciembre de 2020 durante el que el Reino Unido y la UE tendrán que definir cómo será su futura relación comercial.

El acuerdo vigente hoy es el que firmó May: Bruselas, a priori, no quiere tocarlo y el Parlamento lo rechazó en tres ocasiones. Hay que recordar, por último, que el Gobierno británico, si quisiera, podría dar marcha atrás y revocar la activación del Artículo 50 del Tratado de la UE para anular el brexit. Este finde semana, miles de personas han salido a las calles en el Reino Unido para protestar contra lo que consideran un "golpe" de su Gobierno.

Johnson, que intentó suceder primero a David Cameron, fue ministro después con May, una remainer que puso todo su empeño en ejecutar el resultado del referéndum de 2016. Extravagante, polémico y militante férreo de la salida de la UE, Johnson dimitió del Ejecutivo porque el planteamiento de May le parecía más bien blando. Cuando ella renunció, se postuló para el puesto de líder tory —y, por ende, de jefe de Gobierno— y ganó.

Su objetivo es ajustarse, sin contemplar más prórrogas o unas elecciones, al 31 de octubre. El pasado julio negó ante los suyos que estuviera pensando en suspender el Parlamento, aunque nunca lo descartó en público. Heredó de May, además, una mayoría conservadora irrisoria que este verano ha quedado reducida a un solo voto de diferencia. Los tories (más el DUP) suman 320 diputados frente a los 319 de la oposición.

El primer ministro se ha aferrado al lema que ya blandió, durante la campaña del referéndum: "Take back control" ("Recuperar el control"). El asesor que lo ideó, Dominic Cummings, es ahora su consejero especial. También ha rescatado la promesa de destinar al sistema de salud los 350 millones de libras (396 millones de euros) semanales que Reino Unido destina, supuestamente, a la UE, una de las falsedades del brexit. También idea de Cummings.

La treta de Johnson para saltarse al Parlamento, aunque legal, ha sido muy criticada y tildada de "ultraje" y "escándalo constitucional"; ha provocado dimisiones en el Gobierno y en el partido tory y ha enfurecido al speaker de la Cámara de los Comunes, John Bercow. Los diputados tendrán entre tres y ocho sesiones menos que otros años —la suspensión por inicio de legislatura suele ser más corta— para maniobrar. Pero no todo está perdido.

Las opciones, entre otras, pasan por hacerse con el control de la agenda parlamentaria o por presentar una moción de censura contra el líder conservador. La primera vía se enfocaría en aprobar una ley, mediante la llamada regla Standing Order 24 (con la que solicitar un debate de emergencia), que forzara a Johnson a pedir otra prórroga a la UE. El proceso para aprobar cualquier legislación efectiva, que empezaría este mismo martes,se antoja complicado en tan poco tiempo, aunque no sería la primera vez.

La segunda vía, de prosperar, abriría un plazo de 14 días para intentar formar otro Gobierno. Pero las dudas son mayúsculas. Por ejemplo, sobre el posible candidato alternativo, ya que el laborista Corbyn no suscita muchas simpatías; o sobre si ese plazo se solaparía con la suspensión del Parlamento. Si no se pudiera formar un Gobierno, se convocarían elecciones, pero la fecha también suscitaría problemas. Y, probablemente, Johnson se volvería a presentar.

De hecho, según la BBC, Johnson estudia por su cuenta pedir directamente al Parlamento que convoque elecciones anticipadas si esta semana se materializa el bloqueo al brexit duro con ayuda de parte del partido conservador (los diputados rebeldes han sido amenazados con la expulsión). Él ha negado que quiera ir a las urnas, pero sí ha dicho que no pediría una prórroga a Bruselas "bajo ninguna circunstancia", es decir, aunque lo decida el Parlamento.

El primer ministro necesitaría, eso sí, el apoyo de dos tercios de la Cámara, que tiene 650 escaños. La cadena apunta como fecha más temprana el 11 de octubre, aunque muchos temen que Johnson consiga que los comicios se celebren después, y no antes, de la salida de la UE.

También se contempla la vía judicial. En Escocia hay abierto un proceso en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que podría pronunciarse este martes. Por su parte, el ex primer ministro John Major advirtió hace semanas de que estaba dispuesto a llevar al Gobierno a los tribunales si intentaba cerrar el Parlamento, y así lo hará junto a la empresaria y activista Gina Miller, que ha pedido una intervención urgente. En Belfast y el Londres hay otros dos procedimientos en curso; tras las apelaciones, el caso podría terminar en el Tribunal Supremo. La decisión de la reina Isabel II, en todo caso, no se cuestionaría.

En el partido conservador la cosa está caliente. Los votos rebeldes de varios diputados podrían ayudar a que el Parlamento frene las intenciones de Johnson e, incluso, a constituir un nuevo Ejecutivo, si se da el caso. El exministro de Economía Philip Hammond o del diputado Dominic Grieve han alzado la voz contra el primer ministro. El partido laborista, que estaría a favor de unas elecciones, ha dicho que hará todo lo que esté "en sus manos" para bloquear un brexit sin acuerdo y le ha llamado "dictador". La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha retado a Johnson a convocar los comicios.

En cuanto a la reina Isabel II, Johnson la ha colocado en una incómoda posición: la de no poder negarse a aceptar la petición de suspensión del Parlamento dada su condición de actor neutral. La monarca, en todo caso, suele ser más sutil: lo más comentado en el discurso que ofreció en 2017 para el inicio del periodo de sesiones —el último "Discurso de la reina"—, justo después de las elecciones que ganó May por la mínima, fue su sombrero, que los analistas y espectadores tomaron como un homenaje a la bandera europea.

Los negociadores para el brexit se reunirán, al menos, dos veces a la semana durante el mes que viene con sus homólogos en Bruselas para dar fuelle a las negociaciones, ha revelado Downing Street. La obsesión de Johnson es acabar con uno de los puntos cruciales del acuerdo, la "salvaguarda" irlandesa, que tiene como objetivo evitar la vuelta a una frontera física entre las dos Irlandas en cuanto el Reino Unido salga de la UE.

El premier la considera "antidemocrática", mientras que desde Europa se ve fundamental y se niegan a eliminarla. Johnson no avanzó nada durante sus reuniones en el G7 de Biarritz (Francia) y advirtió de que, sin un acuerdo, la factura de 30.000 millones de libras —33.000 millones de euros— del divorcio se quedará sin pagar. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, le ha recordado a su vez que no se pactarán "miniacuerdos" posteriores para paliar daños.

Ni la Unión Europea ni el propio Johnson querrían un escenario de brexit duro, por lo que algunos expertos creen que el primer ministro descargará finalmente cualquier decisión de emergencia en los diputados (ley, moción, elecciones), pese a lo que pueda parecer. Porque si no hay quorum o tiempo suficiente para que sus señorías actúen, lo único que tendría que hacer Johnson sería esperar al 31 de octubre sin hacer nada para salir de la UE de golpe.

Una salida abrupta afectará directamente, entre otras cosas, a los ciudadanos —por ejemplo, a su libertad de movimiento—, a los controles de aduanas —incluido Gibraltar— y de inmigración, a los estándares sanitarios, a la cooperación judicial en decenas de materias y a las empresas.

Y podría provocar una subida de precios, una depreciación de la libra y restricciones en las importaciones, según la oficina británica de Responsabilidad Presupuestaria (OBR). Asimismo, según la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), se destruirían 1,7 millones de puestos de trabajo, 70.000 de ellos en España, y caerían tanto el PIB de los Veintisiete (-1,54%) como el del Reino Unido (-4,4%) .

La ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha anunciado que varios ministros del Gobierno analizarán esta semana "si es necesario prever mecanismos adicionales" en caso de una salida sin acuerdo, teniendo en cuenta que el desenlace "es difícil de prever" y que hay que estar preparados "para lo peor". El ministro Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha explicado que España pedirá "apoyo financiero".