Así lo ha confirmado este jueves el portavoz del equipo de Gobierno, Agapito Hernández, quien ha expresado el "total respeto" de la institución hacia la decisión de la Fiscalía y ha ofrecido su "total colaboración y apoyo" a la Justicia para que "se llegue a esclarecer lo antes posible este asunto".

Tras asumir que las actuaciones de licitación y ejecución dejaron en su día "mucho que desear" desde el punto de vista de la tramitación, ha defendido la decisión posterior de tratar de aprovechar la inversión ya ejecutada a través del nuevo proyecto de Meseta Sport, el cual continuará, no obstante, en suspenso hasta que la Justicia aclare definitivamente la cuestión.

Sobre la decisión del Grupo Popular de no acudir a la Fiscalía, cosa que sí hicieron los grupos Socialista, Toma la Palabra y Sí se Puede, Hernández ha justificado esta actuación al no ver "indicios de ilícito penal". "De lo contrario hubiésemos acudido. Entendimos que no, que sí había habido cierta deficiencia e irregularidad en la tramitación, pero no un ilícito, otros grupos entendieron que sí y en su derecho estaban de ir a la Fiscalía y así lo decidieron", ha subrayado el portavoz, quien apostillado que si ésa era la idea de las otras formaciones, podían haberse "ahorrado toda la Comisión de Investigación y haber ido idirectamente a la Justicia".

El expediente de Meseta Ski -proyecto anulado por la Justicia debido a que vulneraba la Ley de Montes al asentarse sobre parte de un terreno afectado por incendio- fue remitido el pasado 14 de agosto por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia, si bien será hasta la próxima semana, según añade el citado rotativo, cuando el Decanato turne el asunto al juzgado que finalmente se ocupará de estas diligencias.

Portavoces en la Diputación del Grupo Socialista, Sí Se Puede y Toma la Palabra en la anterior corporación provincial denunciaron ante el departamento de Soledad Martín Nájera que el contrato pasó de 4,06 millones a comprometer ingresos a favor del contratista de 20,6, aunque el contrato se resolvió de forma anticipada como consecuencia de distintas sentencias desfavorables a Sodeva, de manera que finalmente se ejecutó por importe de 12 millones.

En su denuncia, sostenían que la obra se adjudicó vulnerando los requisitos de la contratación pública y que, presuntamente, se urdió y acordó la ocultación del verdadero importe de los ingresos comprometidos, así como el verdadero volumen de la obra pretendido y ejecutado con el objeto de posibilitar trato de favor al contratista.