De las 800 empresas que tenían que adaptarse a una nueva normativa europea que les exige una autorización ambiental y una licencia de actividad, sólo 50 se han molestado en tener las dos, 4 de ellas en Valladolid.

Otras 250 tienen la autorización ambiental pero no la licencia de actividad y hay 500 que no han obtenido ni una ni la otra. De ellas, 115 están en Valladolid.

La norma es de 1996, aunque se concedieron dos prórrogas. Una hasta octubre de 2007, y como pocas cumplían, se amplió el plazo hasta mayo de 2008, es decir, ya se ha acabado.

Las sanciones, a parte del cierre, que podrían recibir las empresas ascienden a los dos millones de euros.

Los ecologistas denuncian la "desidia empresarial" y la "absoluta incapacidad administrativa" de la Consejería de Medio Ambiente para hacer cumplir la norma. "Es lamentable que en 12 años las empresas no hayan tenido tiempo de solicitar las autorizaciones y la Junta de tramitarlas", critican.

Entre las empresas, están grandes grupos como por ejemplo Iveco y Renault, en Valladolid.

La organización ha demandado a la Junta que no aplique estrictamente la norma, ya que eso supondría la pérdida de miles de empleos pero ha pedido que se abra un nuevo proceso de legalización que, aunque lleve más tiempo, garantice la plena implantación de las técnicas necesarias para el respeto a la salud pública y al medio ambiente.

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