La parálisis política con un Gobierno en funcionse le está costando a las comunidades autónomas en torno a unos 7.000 millones de euros que el Ministerio de Hacienda les debe y no puede transferir y por los que este miércoles el PP ha hecho un frente común para exigir que resuelva cómo hacer unos pagos mediante una reunión "urgente" de la ministra, María Jesús Montoro, y los consejeros de Economía y Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Según cálculos de Hacienda, en el mes de julio deberían haberse transferido a los gobiernos autonómicos y Ceuta y Melilla un total de 4.500 millones de euros en concepto de ajuste de los adelantos a cuenta que hicieron las comunidades y otros 2.500 millones por la recaudación del IVA de 2017, en virtud de una reforma legal del Gobierno anterior que estableció que ese año se contabilizarían 13 meses de este impuesto en lugar de 12.

En total, alrededor de 7.000 millones que en la recta final para saber si habrá investidura o nuevas elecciones se han convertido en caballo de batalla contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Primero, fueron los independentistas catalanes, porque la Generalitat catalana ya anunció hace unos días un recurso judicial contra el Gobierno, que asegura que estando en funciones tiene prohibido por ley hacer estas transferencias.

Este miércoles, el PP se ha sumado en bloque a una exigencia que el Gobierno dice que está impedido legalmente para responder. Aduce que la ley le prohíbe hacer estos pagos estando en funciones, tal y como finalmente ha terminado certificando un informe de la Abogacía del Estado. "El Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta. Si nos dan una solución de cómo se hace sin alterar la ley, encantados", dicen fuentes de Hacienda, que señalan que la exigencia que hacen la Generalitat catalana y las autonomías del PP suponen pedir al Ministerio que "se salte la ley".

No es la primera vez que ocurre algo así en la últimamente azarosa vida política española. Entre 2015 y 2016 el Gobierno que presidía Mariano Rajoy estuvo en funciones más de 10 meses y en 2016 las comunidades autónomas se encontraron con la misma situación. Entonces, desde Hacienda recuerdan que no cobraron hasta que no hubo un Gobierno en plenitud de funciones, tras la segunda investidura de Rajoy en el mes de octubre de ese año.

También esa investidura fue complicada, como ahora parece la de Sánchez, pero lograrla no fue suficiente para que el Ejecutivo del PP desbloqueara estos pagos, porque un mes después, en diciembre de 2016, en entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aun presionaba con no hacerlo hasta que no hubiera nuevos Presupuestos Generales del Estado, con la intención de que el PSOE votara a favor de la propuesta del Gobierno.

Las tornas han cambiado y ahora es un Gobierno del PSOE quien dice tener las manos atadas y las comunidades gobernadas por el PP las que reclaman una solución para acabar con el impago del Gobierno central.

La Comunidad de Madrid y Galicia son dos de las comunidades que ya en julio enviaron una carta a Hacienda para reclamar respectivamente 1.200 y 700 millones de euros. En su carta, el entonces presidente madrileño, el popular Pedro Rollán, recordaba que el Gobierno se había comprometido a "arbitrar los instrumentos que fueran necesarios" para hacer las transferencias aun cuando los Presupuestos están prorrogados y no se puede. Calculaba que Hacienda le debe a la Comunidad de Madrid 733 millones por las entregas a cuenta, 377 por liquidación del OVA y 127 millones por la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes.

Por eso, fuentes del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso advertían este miércoles de que su reclamación es anterior a que hace una semana la Generalitat de Cataluña anunciara que recurrirá a los tribunales para reclamar otros 1.300 millones que también calcula que le corresponde. Esta cifra se repite también en el caso de Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, ha sido uno de los presidentes populares que ha exigido "la convocatoria urgentísima" del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha afirmado que no descarta acudir a los tribunales como ha hecho Cataluña.

En un movimiento coordinado entre Génova y las comunidades populares, también Galicia o Murcia se han unido en su reclamación de la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera para ver cómo "solucionar de inmediato" los pagos que les debe el Gobierno central. "Son de nuestras comunidades autónomas, están recaudados por el Goiberno y tiene que se transferidos", ha dicho el consejero gallego de Hacienda. Valeriano Martínez.

Hacienda dice no tener un desglose de cuántos de los 7.000 millones le corresponde a cada comunidad, pero en sus reclamaciones, éstas ya han ido desgranando sus cuentas. Así, a los 1.300 millones que reclaman Cataluña, Madrid y Andalucía, la Xunta de Galicia calcula que se le deben 700 millones, en concepto de "incentivo por comunidades cumplidoras" e IVA. Otro gobierno popular, el de la Región de Murcia, 85 millones.

Las entregas a cuenta que espera la Comunidad Valenciana ascienden a 450 millones, según la cifra que en el julio el PSOE se comprometió con Compromís a transferir en cuanto haya un nuevo Gobierno a cambio de su apoyo a la investidura. Como esta, otras comunidades gobernadas por el PSOE no se plantean reclamar al Gobierno en funciones unos pagos que el Principado de Asturias y Extremadura cifran respectivamente en 200 cada una. Aragón está actualizando una cantidad en torno a los 400 millones y desde Zaragoza se advierte de que lo que no se va a hacer en ningún caso es llevar al Gobierno a los tribunales, como ha hecho Cataluña.

Las comunidades socialistas han optado por responsabilizar al PP, Ciudadanos e indepedentistas de que no haya Presupuestos ni investidura que devuelva al Gobierno de Sánchez sus plenos poderes para poder hacer estos pagos. "El PP, Ciudadanos y los independentistas tumbaron los Presupuestos y Extremadura perdió 200 millones de euros", dijo este martes su presidente, Guillermo Fernández Vara, sobre una cantidad que es el "desfase que tenemos en los presupuestos porque cuando hicimos los nuestros pensamos que ese dinero iba a venir". Mientras que la Generalitat catalana ha justificado recortes por la falta de estos recursos, Fernández Vara sí reclama al Gobierno que el cálculo del déficit con el que Extremadura cierre a final de año tenga en cuenta que, sin estos millones, no se corresponde con la realidad, porque él no hará "recortes bajo ningún concepto".

"Lo que defendemos desde Asturias es que se desbloquee la configuración de Gobierno, que se deje a Pedro Sánchez continuar el gobierno para que se puedan transferir las entregas a cuenta", dicen desde el Gobierno socialista del asturiano Adrián Barbón.