Tras esta decisión municipal, hecha pública ayer, hay más de 40 años de litigios entre el Ayuntamiento y la familia Uría. En febrero de 2006, un juez dio la razón a los Uría dictaminando que la propiedad de este tramo de calle era suya a pesar de, aparentemente, era de uso público. El Ayuntamiento ignoró entonces la resolución judicial bajo el pretexto de que el terreno es en la actualidad una vía que usan todos los gijoneses, como señala el Plan General de Ordenación Urbana.

La solución, en un principio, era negociar la compra de esta parcela, pero la enorme diferencia entre la oferta municipal (500.000 euros) y las exigencias de los dueños (4 millones de euros), llevó al Ayuntamiento a comenzar los trámites para expropiarla. Por esa razón, Alfredo Uría, uno de los dueños, rodeó el pasado martes su propiedad con vallas, cerrando el paso a los coches y formando un gran atasco. Fue detenido por obstaculizar el tráfico.

«No se van a tolerar acciones que pongan en riesgo la seguridad vial», advirtió ayer el portavoz municipal, José María Pérez, quien defendió la actuación de la Policía Local por «evitar riesgos a terceras personas», dijo.

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