Fuentes de la asociación sindical han mostrado su malestar a Europa Press con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por una situación que califican de "sangrante" y que llevan denunciando en las distintas evaluaciones de riesgo en los "últimos diez años".

En este sentido, recuerdan tres casos, el último en 2017, en los que los trabajadores han sido multados por "exceso de velocidad" cuando iban a "apagar un incendio". "Nuestro compañero fue denunciado por la Guardia Civil cuando iba a sofocar un incendio en el límite entre las provincias de Salamanca y Cáceres por exceso de velocidad porque el coche no estaba regulado como vehículo de emergencias", señalan desde Apamcyl. "Pese a las explicaciones y los recursos, uno de ellos ante la Delegación Territorial de la Junta, tuvo que abonar los 500 euros de multa porque, en estos casos, es el conductor el único responsable de la infracción", han denunciado.

Por eso insisten en que se dote a la flota, de cerca de 700 vehículos, con los dispositivos sonoros y lumínicos que establece la Ley de Protección Civil y la última modificación del Código de Circulación para los servicios de emergencias. "Los últimos 500 vehículos que nos han llegado siguen sin tener esos distintivos cuando se podía haber incluido en el contrato de licitación", lamentan.

En este punto, advierten de que el agente medioambiental no sólo se mueven para apagar incendios, sino que también realizan servicios como recogidas de animales. "Cuando nos avisan de que han visto a un animal en alguna nacional o autovía la única forma que tenemos de señalizar nuestra presencia es con los intermitentes, con el riesgo que supone bajarse del vehículo y recoger al animal", continúan.

Además señalan que la mayor parte de su actividad se desarrolla en el medio rural y sobre todo en verano, momento en el que "los pueblos se llenan de gente". "Hasta que no haya un accidente grave o un atropello no van a hacer nada", inciden.

Por último, Apamcyl pone como ejemplo la forma de actuar de la Comunidad de Madrid donde, antes de licitar el contrato de las flotas para el colectivo, se reúne con sindicatos y realizan un estudio ergonómico y de seguridad para adquirir los "vehículos más cómodos y seguros", algo que "no ocurre en Castilla y León". "Tenemos un montón de problemas de espalda porque la marca elegida por la Junta no cumple con esos estándares y, precisamente, no les utilizamos como vehículos de recreo", finalizan.