Fuentes de la Fiscalía han explicado que en este acuerdo de conformidad "cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa", además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta.

Además, el pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella. De modo que quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros.

Entre los ex ediles que se podrán acoger a dicho pacto se encuentran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz (el ex regidor con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas).

Las fuentes han explicado que cada ex edil tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación, aunque con la ventaja de no tener que pasar por la pena de banquillo.

Ahorra para todas las partes

Para llegar a dicha conformidad se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía que la ley impone como máximo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga o pueda tener conexidad. Por eso, aunque la Administración de Justicia celebre setenta juicios y los ex ediles del GIL sean condenados a setenta años, no pueden cumplir más del triplo de la pena máxima.

La pena por la que podrían ser condenados estos ex concejales por cada delito oscila desde una multa de 12 a 24 meses o la prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de cargo público de siete a diez años.

Satisfechos

La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán condenados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación.

También la Administración de Justicia consigue ahorrar en recursos materiales y humanos, al no tener que celebrar cada uno de los más de setenta juicios pendientes.CONSULTA AQUÍ MÁS