Industria en Avilés
Industria en Avilés EUROPA PRESS - Archivo

El Gobierno ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden por la que amplia en tres meses, desde el 31 de agosto hasta el 30 de noviembre, el plazo para la solicitud de habilitación para la prestación del servicio de interrumpibilidad a partir del próximo 1 de enero de 2020.

Fuentes del Ministerio indicaron a Europa Press que de esta manera "se amplían" las actuales reglas que existían para el mecanismo, ante la imposibilidad por la actual situación del Gobierno de abordar la reforma del mecanismo que exige Bruselas, en la que ya se lleva trabajando desde hace meses y que está bastante avanzada.

De esta manera, el gabinete dirigido por Teresa Ribera ha optado por prolongar, al menos para la primera parte de 2020, un sistema de subastas de interrumpibilidad que parecía condenado a su desaparición debido a las dudas sobre el mismo desde Bruselas.

PENDIENTES DEL ESTATUTO DE LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA.

El estatuto de la industria electrointensiva, en el que se trabaja desde el pasado mes de abril, es la normativa con la que el Ejecutivo pretende dar solución a las peticiones del sector y con el que sustituir la subasta de interrumpibilidad. Sin embargo, la condición en funciones del Gobierno hace que sea imposible su aprobación.

Según consta en la orden, con la ampliación del periodo se busca hacer compatible el plazo de solicitud al operador del sistema por los consumidores que deseen prestar el servicio de interrumpibilidad para el próximo año con la nueva directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

El pasado 5 de junio se publicó esta nueva directiva europea, que completa el paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en 2016, el denominado 'Clean Energy for All Europeans', en que se recoge una modificación completa del marco normativo para avanzar en la consecución del mercado interior de la electricidad y para cumplir con los compromisos climáticos del Acuerdo de París de 2015.

En este paquete legislativo se contempla una reforma sustancial de los actuales mecanismos de capacidad, cuya asignación deberá venir justificada de acuerdo con un análisis de cobertura basado en criterios probabilísticos y no deterministas, que habrá de tener lugar mediante mecanismos competitivos, así como en atención a las novedades en relación con la gestión de la demanda.

De esta manera, el mecanismo por el que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad debe ser revisado y reformado, para su plena adaptación e integración en el nuevo marco comunitario, entendiendo el servicio como un elemento más de los mecanismos de capacidad, por un lado, y de la participación de la demanda en mercado, por otro.

LA ÚLTIMA SUBASTA SUPUSO GRANDES RECORTES PARA LA INDUSTRIA.

A finales del pasado mes de junio se celebró la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre de este año, en la que se adjudicaron 2.340 megavatios (MW) a los grandes consumidores de electricidad por un importe de 95 millones de euros, lo que representó un importante recorte con respecto a las realizadas en los ejercicios anteriores.

Sumando los 101,15 millones de euros destinados a la interrumpibilidad en el primer semestre del año, el importe de 2019 asciende a un total de 196,15 millones de euros.

Esta cifra representó un nuevo importante recorte, unido al del año pasado, que dejó la cifra recibida por la gran industria en 2018 en poco más de 300 millones de euros, respecto a los más de 350 millones de euros que los grandes consumidores de electricidad percibieron por este concepto en 2017, y menos de la mitad de los más de 500 millones de euros que recibían en años anteriores.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ya había advertido de que la posible finalización de las subastas de interrumpibilidad "desataba la incertidumbre" para el sector.

LA INTERRUMPIBILIDAD.

El servicio de interrumpibilidad es una herramienta de la que dispone Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema, para asegurar en todo momento un suministro eléctrico nacional de calidad.

Con este servicio, los grandes consumidores de electricidad (industrias) se comprometen a reducir su consumo eléctrico cuando el sistema eléctrico lo requiere, siendo retribuidos por ello. La activación del servicio la realiza Red Eléctrica y responde a criterios técnicos o económicos.

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