En su carta, consultada por Europa Press, el alcalde recuerda "las gravísimas" consecuencias para la economía local que tiene la falta de agua superficial para las explotaciones agrarias tras el sellado de pozos ilegales, así como transmite su preocupación "por la acumulación de sanciones hacia este Ayuntamiento, que ya debe rondar el millón de euros y creemos puede alcanzar a los seis millones", ha dicho.

Mora, que lamenta "la falta de sensibilidad" de la CHG, le reitera que este Ayuntamiento "nunca" se opuso al cumplimiento de la sentencia judicial para el sellado de pozos y "ofreció toda su colaboración". En segundo lugar, recuerda que este alcalde y su concejal de Agricultura se ofrecieron a "mediar con los agricultores en aras al cierre voluntario de los pozos, y así evitar males mayores para el municipio".

En el mismo sentido, le comunica que "este Ayuntamiento cumple con la legalidad vigente y ha cumplido con todas las sentencias firmes que se han dictado, incluidas las perjudiciales para sus intereses o los de sus vecinos, y las que las pruebas manifiestamente nos daban la razón y se fallaron en contra o eran moralmente reprobables".

"Nos llama la atención la ligereza con que usted manifiesta la falta de colaboración e inacción de esta corporación durante años. No sé cómo debemos calificar la ausencia de vigilancia sobre el Dominio Público Hidráulico que corresponde al organismo que preside, la incompetencia de ese Gobierno que usted representa y cita en el Trasvase", ha proseguido.

A su juicio, "son los responsables de la situación actual por activa y por pasiva, o los injustificables retrasos y trabas administrativas en los expedientes de legalizaciones de pozos, algunos de los cuales han pasado ya por tres enjuiciados por fallecimiento de los titulares".

Para el alcalde, "venir a culpar a una administración local del tamaño de la nuestra, sin medios técnicos, sin capacidad jurídica o financiera, y que además durante años mantuvo conveniados los Montes Públicos, nos parece un despropósito". "Alguna responsabilidad tendrá el resto de administraciones y alguna debe tener la suya", le ha reprochado.

Respecto al otorgamiento de aguas subterráneas o superficiales a explotaciones situadas fuera del suelo regable, le recuerdan que "esta corporación no se lo ha pedido" sino agua superficial para las explotaciones declaradas como regables, contempladas en el Plan Especial de la Corona Norte y que han pasado la DIA, por lo que se encuentran en perímetro regable.

Considera que la Confederación "mezcla deliberadamente las 487 hectáreas que dicen haber detectado fuera de esta superficie y nos piden que les ayudemos a erradicar, cuando sabe perfectamente que las está comunicando sistemáticamente a este Ayuntamiento con sanciones, incluyendo aquellas que están pendientes de recibir el agua y que serán legalizadas en breve según usted mismo manifiesta en su carta", ha dicho. "Comunicaremos, una a una, en cumplimiento de la legalidad estas sanciones y sus consecuencias, y la necesidad de erradicarlas de mi término municipal", continúa.

El alcalde enumera las que, a su entender, son "mentiras" que se han dicho en este tiempo sobre este tema porque "ni son 19,9 hectómetros (se han trasvasado sólo 2,3), ni existe capacidad para trasvasar (el túnel de San Silvestre no permite el paso del agua), ni existe voluntad política, como queda de manifiesto en su carta".

Finalmente, sobre esas 487 hectáreas de su término municipal que con la legislación actual "puede que sean ilegales", indica que no niega que sean ilegales pero "antes no lo fueron y su clasificación es producto de una concatenación interesada de errores e interpretaciones puesta en marcha para acabar con la agricultura en Doñana".

"Esas hectáreas no serán regables hoy, pero son perfectamente viables y legales, y han sido regadas con agua de pozo exactamente igual que las otras 800 que han sido clasificadas como regables de manera hipócrita y mirando para otro lado", ha añadido el regidor local.

CARTA DE LA CHG

Por su parte, en la carta de respuesta del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paéz, le recuerda que el organismo cumple con el mandato judicial sobre el sellado de los pozos ilegales, así como incide en que llama la atención "la inacción y falta de colaboración" de la corporación municipal durante años. "No podemos olvidar que los pozos que nos ocupan se encuentran ubicados en terrenos de su titularidad municipal y que, pública y reiteradamente, se ha expresado por parte de la CHG que debían ser clausurados" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, continúa la misiva.

Páez, que insiste en que este organismo actúa en cumplimiento a la legislación vigente que no permite la concesión de agua "en precario", le pide al alcalde que transmita a sus vecinos que es "inviable" el otorgamiento de aguas subterráneas o superficiales a toda explotación situada fuera del Suelo Agrícola Regable como contempla el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana de la Junta.

Además, explica que "el hecho de haber regado con agua de pozos que nunca debieron ser permitidos en suelo de su término municipal, denunciados por la Guardia Civil y esta Confederación, y declarados como ilegales por sentencia del TSJA, nunca puede ser esgrimido para habilitar la expectativa de un derecho de agua superficial o subterránea". Por todo ello, le conmina a la "colaboración" para acabar con "prácticas abusivas". Se trata, como prosigue, de terminar con las 487 hectáreas fuera de Superficie Agrícola Regable que desde la CHG hemos detectado y que hay que erradicar".

Finalmente, le traslada que trabajan "incansablemente" para culminar el otorgamiento de las concesiones que permitan regular la situación de las fincas que se encuentran dentro de la Superficie Agrícola Regable, un total de 318 hectáreas de las cuales 117 están en Lucena y que "sumadas a las que tienen concesión consolidarán la actividad económica de sus vecinos".