Al margen de la paralización del procedimiento, la mujer continúa en la misma situación y "debe regularizarla", según fuentes de Delegación de Gobierno. El 3 de mayo, esta hondureña y un amigo español acudieron a la comisaría de Xirivella a denunciar agresiones, insultos y amenazas por parte del casero de él.

La organización València Acull recuerda en un comunicado que un policía les pidió la documentación, tras lo que ella salió al coche a recoger la copia de su pasaporte. Al regresar, agentes de Extranjería la detuvieron y le incoaron un procedimiento de expulsión por estancia irregular.

Seguidamente, su acompañante acabó de presentar la denuncia mientras la joven fue días después al juzgado de guardia para denunciar el ataque y las lesiones, que le provocaron hematomas y contusiones en brazos y hombros.

La víctima acudió a València Acull a denunciar lo sucedido y solicitar asesoramiento para resolver su situación. Acordaron hacer público su caso y presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para instar a las autoridades a paralizar su expulsión y establecer medidas para que "todas las personas, independientemente de su situación administrativa, puedan acudir a denunciar cualquier tipo de perjuicio que hayan sufrido o realizar trámites sin miedo a que se les inicie un proceso de expulsión".

Para la entidad, "este modo de actuar de la policía es inadmisible porque provoca que las personas sin papeles teman denunciar los abusos y, consecuentemente, propicia el incremento del racismo y la xenofobia y su impunidad".

Tres meses después, València Acull subraya que el subdelegado del Gobierno, José Roberto González, "estimó oportuno proceder a su archivo" tras valorar un informe policial que propone el "archivo final" del expediente sancionador. Esta decisión gubernamental se adoptó, a su juicio, "después de la constante y contundente reacción ciudadana en respuesta no solo a la actuación inicial de la Policía de Xirivella, sino a los sucesivos pronunciamientos por parte de las autoridades respaldando esa forma de proceder".

"Frente a la justificación del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, del procedimiento de expulsión 'porque así lo marca la ley'", la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros y el fin de las deportaciones CIEs No -en la que se integra València Acull- lanzó la propuesta '#ParemosSuExpulsión', con un "respaldo masivo" en redes sociales, concentraciones ciudadanas y el Ayuntamiento de Xirivella.

A pesar de todo ello, la organización subraya que, como respuesta a las alegaciones de la joven, la Policía Nacional de Xirivella reiteró su propuesta de expulsión el 5 de junio al "no haber acreditado que se encuentre de forma legal en territorio nacional".

Días más tarde, las entidades Poder Migrante y la Red de Hondureñas Migradas presentaron al delegado del Gobierno un escrito avalado por las firmas de 173 asociaciones y 800 ciudadanos. Además de pedir la paralización de la expulsión, denunciaban la actuación policial y la "indefensión y vulnerabilidad "en la que quedan las personas indocumentadas. Unidas Podemos también presentó una batería de preguntas al Gobierno sobre su actuación en casos similares.

A estas reivindicaciones se sumó la iniciativa del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para recomendarle que dicte "las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional".

EXPULSIONES AL RECOGER UNA CARTERA

València Acull instó al Defensor a considerar la posibilidad de ampliar su recomendación al ministro para que "no se incoen procedimientos de expulsión a quienes acudan a realizar cualquier tipo de trámite ante la Policía o Guardia Civil o a interponer una denuncia independientemente de su tipificación", al tener conocimiento de "casos de incoación de expedientes de expulsión a personas que han ido a denunciar la pérdida del pasaporte o a recoger la cartera extraviada".

Por su parte, el Defensor informó de que el 16 de julio había iniciado actuaciones con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) para conocer los trámites del expediente y datos sobre las buenas prácticas seguidas en consonancia con la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima de delito. También pidió información acerca del estado del procedimiento y que se informe de si se va a adoptar alguna medida tendente a una posible revocación, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

Finalmente, el 6 de agosto, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Roberto González, archivó el procedimiento, aunque València Acull señala que "se desconoce el contenido del informe policial en que fundamentó su decisión".

En cualquier caso, la organización insiste en que el Defensor del Pueblo lleva "desde 2004 insistiendo a los sucesivos gobiernos en que modifiquen las normas que permiten estas situaciones", mientras "la Policía continúa incoando expedientes de expulsión a quienes acuden a sus dependencias y no tienen regularizada su situación administrativa". Por tanto, recomienda acudir al juzgado de guardia para evitar el riesgo de la expulsión.