Precarios sobre dos ruedas detrás de Glovo, Deliveroo...
Repartidor de comida rápida. ATLAS

El plan director por un trabajo digno ha permitido regularizar 32.067 falsos autónomos y convertir 173.957 contratos temporales irregulares en indefinidos, según los datos presentados por la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, que ha anunciado nuevos planes de choque contra el fraude.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Valerio ha detallado que este mes se reeditarán los dos planes de lucha contra el fraude en la contratación, con el envío de 85.000 cartas, un 4% más que el año pasado, a empresas con indicios de incurrir en ilegalidades que afectan a 238.015 trabajadores. Tras este envío de cartas, se da a las empresas el plazo de un mes para regularizar posibles situaciones fraudulentas.

Valerio ha comunicado estos planes junto a la presentación del balance del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado hace un año y que ha permitido aflorar 126.751 empleos irregulares y elevar en 1.100 millones la recaudación en cuotas de la Seguridad Social.

En todos los puntos, Valerio ha señalado que se han elevado los resultados frente al año anterior: en el caso de las conversiones de contratos temporales fraudulentos en indefinidos se trata de un alza del 83%; mientras que en las afloraciones de empleos irregulares es del 44% y del 58% en las conversiones de contratos parciales en indefinidos.

Repartidores de platafromas digitales

En el caso de los falsos autónomos, donde se enmarca la situación de los repartidores de plataformas digitales como Glovo o Deliveroo, se han multiplicado por cinco las altas en la Seguridad Social y se han recaudado 217 millones de euros

Valerio ha señalado que "hay que plantearse" regular desde el punto de vista legal "qué son los trabajadores de las plataformas", después de que varias sentencias hayan dictaminado que los repartidores o "riders" trabajaban como falsos autónomos. La ministra ha planteado la conveniencia de regular la situación cuando haya un Gobierno con plenas funciones.

"No es legítimo que haya personas que obligan a sus trabajadores a darse de alta como autónomos, enmascara una relación laboral por cuenta ajena", ha criticado

La ministra ha enmarcado este posible cambio normativo en la intención del Gobierno de elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores y derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que siguen "encima de la mesa" al no haber salido adelante en la anterior legislatura.

En total, casi 310.000 personas han visto mejoradas sus condiciones de trabajo gracias a este plan en el último año, ha concluido Valerio.

Ampliación de plantilla (más inspectores de trabajo)

También ha señalado este viernes que se van a reforzar los recursos humanos y materiales de la Inspección con la incorporación hasta 2020 de 833 nuevos inspectores y subinspectores, lo que supondrá un incremento neto de la plantilla estimado en un 23%.

Trabajo detalla que 86 efectivos ya están incorporados y 101 nuevos inspectores y subinspectores se nombraran funcionarios de carrera este mismo mes de agosto de 2019 lo que elevará la plantilla a 2.055, "la cifra más alta de la historia del Sistema de Inspección".  

Los inspectores de trabajo y Seguridad Social pidieron este jueves a Valerio una ampliación de plantilla y de los recursos disponibles, además de una reunión urgente para hacer un "diagnóstico" de la situación de este colectivo.

Reforma de trabajo y pensiones

La presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, ha reiterado este viernes que pese a estas mejoras se sigue por debajo de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores, que siguen sin cubrirse muchas plazas y que cada vez se presentan menos personas a las oposiciones.

Por otra parte, Valerio ha asegurado que "uno de los primeros temas" que afrontará el Gobierno tras la investidura será reunir al Pacto de Toledo y la mesa de diálogo social para abordar la necesaria reforma del sistema de pensiones, que garantice el poder adquisitivo y la sostenibilidad financiera.