A la Fiscalía de Granada le faltan manos para trabajar en los presuntos casos de corrupción del Ayuntamiento de Atarfe.

La que fuera presentada como la futura segunda ciudad de Granada, con una población que pasaría de los 20.000 a los 75.000 habitantes, es ahora famosa en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con cuatro denuncias firmes y una sentencia recurrida por parte de la Fiscalía (por vertidos ilegales en el acuífero de Raja Santa).

La última acusación del fiscal Luis Salcedo contra el primer edil de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), está relacionada con la posible comisión de uno o varios delitos de prevaricación en la construcción de la urbanización Medina Elvira y el campo de golf anexo.

Esta denuncia, al igual que las otras siete anteriores (de las cuales cuatro han acabado en imputaciones), fue realizada por IU, Ecologistas en Acción, el colectivo Salvemos la Vega y la asociación de arquitectos Adobe hace seis meses.

Todo el entramado de Medina Elvira estaría relacionados con la presunta venta de unos terrenos municipales por debajo del valor de tasación, por la edificación en solares protegidos y por contravenir las leyes urbanísticas de la Junta de Andalucía.

El proyecto prevé construir 3.500 viviendas y un campo de golf con 18 hoyos, además de un hotel. Para ello se ha suprimido una vía pecuaria, vertido tierras a un barranco y talado árboles. La licencia concedida también supera el máximo edificable.

La acusación está realizada contra el alcalde. El fiscal, sin embargo, aclara en su escrito que la imputación que se formule «deberá extenderse a quienes hayan votado favorablemente los acuerdos presuntamente ilegales y hayan informado de igual modo en la tramitación de los expedientes».

Los empresarios tampoco se quedan al margen de la denuncia y Salcedo aclara que deber afectar también «a los responsables de la empresa Nadasol y Vladigolf».

El caso de Medina Elvira es complejo. El Ayuntamiento vendió en febrero de 2005 una finca por 3,6 millones de euros a Vladigolf y el 4 de marzo de ese año se inscribe una hipoteca que lo valora en 8,4 millones. Un hecho, según el fiscal, «sorprendente». Como el PGOU de la localidad aún no está aprobado, Luis Salcedo considera que el futuro Plan General de Ordenación Urbana parece un instrumento que da cobertura a las obras ya realizadas.

Otros casos

Antigua alcoholera - En estos terrenos está previsto construir 114 casas y varias cocheras.

Residencia de ancianos - El centro tiene bajos comerciales y fue vendido a personas que no reunían los requisitos.

Nave - Situada en la N-332, cerca de la vía del tren, está en terreno no urbanizable.

Ciudad Ilíberis - Caso archivado. En él se le acusaba de la modificación de zonas calificadas como verdes.

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