El BNG ha denunciado el "veto" al acceso a documentación pública y privada sobre la dictadura franquista y ha anunciado que pedirá a la ONU que investigue al Estado español al entender que existe una vulneración de la normativa internacional por parte de España.

Así lo han informado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, la portavoz del BNG en el Parlamento Europeo, Ana Miranda; el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, y el investigador Carlos Babío.

Lo han hecho ante la Casa Cornide, propiedad de los Franco, y junto a algunas de las nueve personas que el próximo 5 de noviembre serán juzgadas por la ocupación simbólica de este inmueble, tras una denuncia de la familia del dictador, según han explicado.

Antes, sobre la iniciativa ante Naciones Unidas, Ana Miranda ha explicado que se le insta a que "investigue al Estado español por no permitir el acceso a documentos públicos y privados en relación con la dictadura franquista", ha expuesto sobre el contenido de la denuncia que basan también en una "vulneración" de la Ley de Memoria Histórica. "Y por mantener vivas fundaciones de contenido fascista, es un anacronismo en Europa", ha añadido.

Sobre estas fundaciones, ha dicho que tienen "documentos relativos a muchas de las personas represaliadas y no se nos facilita ese acceso". De estas entidades, ha pedido también su ilegalización por ser "antidemocráticas".

"ACCESO A LA VERDAD"

Y es que Ana Miranda ha explicado que el hecho de que en España haya "ocho fundaciones franquistas y golpistas, más la imposibilidad de acceso a documentos que establece la Ley de Memoria Histórica" es lo que les lleva a presentar una denuncia ante Naciones Unidas, mediante el mecanismo de revisión universal de derechos humanos.

"Hace cuatro años, Naciones Unidas hizo una serie de recomendaciones, entre ellas el acceso a la verdad", ha explicado Miranda, quien ha precisado que en septiembre sabrán si su denuncia es admitida.

Mientras, el investigador Carlos Babío ha denunciado que "es imposible trabajar en la recuperación de la Memoria Histórica" sin el acceso a determinados documentos de la Guerra Civil y primeros años de la Transición española.

Al respecto, ha asegurado que, unas veces, no son de acceso público porque lo determinan las administraciones "y otras, arbitrariamente, sin normativa". A ello, ha sumado la aplicación "con carácter retroactivo, de la Ley de Protección de Datos".

JUICIO POR LA CASA CORNIDE

Por su parte, Francisco Jorquera ha reivindicado el trabajo llevado a cabo, entre otros, por el investigador Carlos Babío sobre el patrimonio de los Franco. De estos trabajos, ha dicho que les han "cargado de argumentos para exigir que el Ayuntamiento de A Coruña inicie acciones legales para la restitución de la Casa Cornide",

petición que reclamarán en el pleno municipal de septiembre.

Sobre el juicio al que se enfrentarán las nueve personas que ocuparon simbólicamente la Casa Cornide, ha avanzado que están imputados "por un delito de falta leve, de coacciones, pero cabe la posibilidad de que la familia Franco pretenda aumentar y agravar las penas".

"A los 19 de Meirás, se suman ahora los 9 de Meirás", ha resumido. "Es un nuevo ejemplo del mundo revés, ciudadanos que luchan de manera pacífica para denunciar el expolio de los Franco se sientan en el banquillo de los acusados, mientras los herederos del dictador siguen con total impunidad y lucrándose con lo que nos expoliaron".