La huelga general que durante estos días vive Hong Kong ha conseguido este lunes llegar a paralizar por momentos algunas infraestructuras claves de la ciudad, así como provocar una perceptible bajada en la bolsa de la antigua colonia británica. Más de 200 vuelos han tenido que ser cancelados; numerosas líneas de metro no han podido prestar servicio en hora punta y el tráfico se ha bloqueado en algunas partes de la ciudad.

Esta situación, insólita en la historia reciente de Hong Kong, ha puesto en jaque al gobierno local, cuya máxima dirigente, Carrie Lam, ha advertido de que las protestas constituyen "un desafío a la soberanía china" y podrían conducir a la ciudad a "una situación extremadamente peligrosa", ya que pone en peligro la soberanía hongkonesa y el principio de "un país, dos sistemas", en virtud del cual el territorio goza de una autonomía mucho mayor que la de cualquier otra parte de China.

Inicialmente, las protestas, que comenzaron hace ya nueve semanas, se dirigían al polémico proyecto de ley de extradición que pretendía sacar adelante el ejecutivo de Lam. El objetivo de este proyecto era permitir la extradición de los acusados de delitos de sangre a China, Taiwan y Macao.

Para los manifestantes, esto implicaría una pérdida de garantías frente a una China continental cuyo sistema judicial es percibido como profundamente corrupto, como señalan organizaciones como Human Rights Watch. Incluso, la ley fue criticada por países y organismos como la Unión Europea, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos.

Posteriormente, las demandas de los huelguistas han evolucionado más allá de las peticiones iniciales (dado que, de hecho, el propio Gobierno ya ha dado por "perdida" la ley de extradición) y, actualmente, no sólo incluyen la retirada del texto completo del proyecto de ley sino que piden la puesta en práctica del sufragio universal (que, aunque teóricamente el ejecutivo chino aprobó en 2014 sigue sujeto a fuertes restricciones) y una investigación en profundidad sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el control de las manifestaciones.

Este lunes, Carrie Lam pedía "comprensión" para el personal de seguridad, que afirma "se ve sometido a mucha presión", ante las críticas de brutalidad policial respecto de los métodos empleados para controlar las protestas. En sintonía con estas declaraciones, la Policía hongkonesa asegura haber incautado "armas letales" a algunos participantes de las protestas.

Por su parte, los manifestantes denuncian que los medios empleados han sido excesivos, incluyendo cargas policiales y el empleo de gas lacrimógeno. Adicionalmente, numerosas personas han sido detenidas por participar en las protestas hasta ahora.

Además de los disturbios entre las fuerzas del orden y los manifestantes, también se han registrado combates entre grupos de personas armadas vestidas de blanco, dirigidos por las 'tríadas' (mafias locales) que atacaban a aquellos a quienes vieran vestidos de negro.

Principalmente, los manifestantes son personas jóvenes y estudiantes, que se presentan vestidos preferentemente de negro y en buena parte de los casos con las caras tapadas por temor a posibles represalias o procesos judiciales.

No obstante, muchos grupos han hecho explícito su oposición a la ley de extradición, incluyendo docentes (unos 4.000 de ellos afirmaron que se unirían a los paros), abogados y algunas empresas; varios comercios anunciaron también que cerrarían para permitir a sus trabajadores acudir a la huelga.

Muchos analistas coinciden en calificar la serie de protestas en relación con la ley de extradición como las más importantes desde los disturbios de 1967, entonces contra la corona británica que aún mantenía Hong Kong bajo su dominio. Por ahora, los manifestantes han logrado que el gobierno de Lam dé por perdida su legislación, lo que constituye un logro notorio que refleja las protestas de 2003 en las que se logró parar un proyecto de ley de seguridad relativo a temas como la traición contra el gobierno chino.

Sin embargo, el ejecutivo de China se muestra muy reticente a ceder en las demandas sobre sufragio universal y calidad democrática, y continúan  ejerciendo un fuerte control al respecto. Precisamento, en 2014 se produjeron también protestas masivas que no impidieron al gobierno de China imponer sus condiciones respecto al sistema electoral de Hong Kong.