«Debe prevalecer el interés del menor, y aquí estarán mejor que en un orfanato de Rumanía». Fran González está decidido a dar batalla por un grupo de 20 menores de origen rumano que, según relata, van a ser devueltos a su país. Tiene a su cargo a dos de estos niños, de 3 y 5 años, durante tres días a la semana, y quiere evitar que un día se los lleven sin previo aviso.

La historia arranca en noviembre de 2007, cuando fueron detenidas varias parejas que presuntamente utilizaban a niños para cometer robos. Según el relato de Fran, estos menores fueron internados en centros y algunos acogidos por familias mediante un procedimiento de urgencia. «Allí se les discriminará, y aquí están perfectamente integrados: juegan en equipos de fútbol, van al colegio, son falleros...». Esta semana han dirigido un escrito al Síndic de Greuges y a la Fiscalía de Menores para que impidan el traslado.

Desde la Conselleria de Bienestar Social sólo confirman la tramitación de un caso. Fuentes de la Delegación del Gobierno afirman que no se trata de repatriar, sino de «reagrupamiento familiar» y explican que un protocolo firmado por ambos países les da «las máximas garantías».

«Que tengan una vida digna»

Esta pareja teme que los traslados de los menores a su país de origen se produzcan «en un corto de espacio de tiempo», y por eso han decidido pedir ayuda a varias instituciones. «Las acogidas de urgencia duran de 6 a 9 meses. Estos niños salieron en noviembre, por lo que el plazo termina en agosto, y de ahí la premura en repatriarlos», cuenta Fran: «Conselleria nos da largas».

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