La Guardia Civil y la Policía Judiciaria portuguesa realizaron la pasada semana varios registros en distintas empresas de la provincia de Pontevedra y han investigado penalmente por un delito fiscal a 10 personas vinculadas con una operación abierta en Portugal para indagar sobre un posible caso de fraude relacionado con los fondos de la Comunidad Económica Europea.

Según ha informado el Instituto Armado, a raíz de una orden europea de investigación instada por las autoridades judiciales portuguesas, por conducto del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, activó un protocolo de cooperación internacional con la Policía Judiciaria del país vecino, en el marco de la denominada 'Operación Frangus', que concluyó con cuatro registros y la notificación de diez personas por un delito fiscal.

La orden europea de investigación surgió a raíz de las investigaciones que se están llevando a cabo en Portugal sobre supuestos fraudes en subvenciones concedidas por la Comunidad Económica Europea.

Las mismas fuentes han explicado que en el marco de estas investigaciones se pudo averiguar que existían empresas en ambos países que tenían establecido entre ellas un circuito de facturaciones para obtener fondos comunitarios del programa 'Portugal 2020'.

Para ello, las empresas españolas, algunas de las cuales estaban administradas por ciudadanos portugueses, "podrían estar emitiendo facturaciones falsas para las sociedades portuguesas, llegándose a verificar que algunas de las sociedades que conformaban el entramado figuraban dirigidas por el mismo administrador", ha indicado la Benemérita.

En total se han investigado a 10 personas por delito fiscal y se han realizado cuatro registros en la provincia de Pontevedra, que se llevaron a cabo de forma simultánea la pasada semana en distintas sociedades ubicadas en los municipios pontevedreses de Vigo, O Rosal y Oia.

DOCUMENTACIÓN INTERVENIDA

En los registros se procedió a la incautación de numerosa documentación relativa a balances, extractos de cuentas corrientes, declaraciones fiscales, comprobantes de pago, entre otros, que, consideran las mismas fuentes, "pueden ser determinantes para esclarecer los hechos investigados", en los que el montante de la cantidad defraudada puede superar los 20 millones de euros.

A falta de un análisis pormenorizado de la documentación intervenida en los registros, se desprende que la facturación de estas sociedades, subrayan las mismas fuentes, "no responde a negocios subyacentes reales, sino más bien que estaban orientadas exclusivamente a justificar de forma fraudulenta las solicitudes de subvenciones de fondos europeos".