El Ayuntamiento de Barcelona defiende que su Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) "sigue vigente y tiene plena eficacia jurídica", pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ha anulado.

El TSJ de Cataluña, en una sentencia de fecha 29 de julio de 2019, ha estimado un recurso contencioso y ha anulado íntegramente el PEUAT porque no incluye una evaluación económica y financiera de las actuaciones a desarrollar.

El PEUAT ha supuesto la restricción de la apertura de nuevos hoteles, apartamentos turísticos y otros establecimientos de este tipo en Barcelona, como albergues y residencias de estudiantes, así como de las obras de rehabilitación de los existentes, para lo cual exigía una reducción de las plazas de un 20%.

En rueda de prensa, la teniente de alcaldía Janet Sanz ha recordado que la sentencia no es firme y ha apuntado que de los tres jueces que firman la sentencia uno ha emitido un voto particular que iría en la línea de lo defendido por el consistorio.

Sanz ha indicado que el Ayuntamiento procederá ahora a intentar "aclarar" el sentido de la sentencia, de lo que se encargarán los servicios jurídicos del consistorio, y ha advertido de que el gobierno municipal se reserva la opción de presentar un recurso de casación.

El ejecutivo barcelonés defiende que el PEUAT permite "frenar que haya barrios en los que los vecinos no sean lo prioritario", pues hay zonas de la ciudad en las que "no se necesitan más hoteles, sino más vecinos y vecinas".

Ha recordado que el plan salió adelante con el acuerdo de los grupos municipales de Barcelona en Comú, el PSC, ERC y la CUP y que estas fuerzas políticas suman hoy 28 de los 41 concejales del consistorio -excluida la CUP, que no ha obtenido representación en las recientes elecciones-.

"No hemos dejado de tener los riesgos que teníamos con relación al modelo turístico global", ha asegurado Sanz, que ha afirmado que el PEUAT "pasó todos los trámites de seguridad jurídica" requeridos por el consistorio antes de llevarse a la práctica.

Ya es hora de "poner orden" al turismo después de "una época bastante larga de barra libre", ha sostenido.

Este plan del consistorio, aprobado en 2017, prohíbe la apertura de nuevos hoteles en el centro de la capital catalana y refuerza la lucha contra el alquiler de viviendas turísticas ilegales.

El Gremio de Hoteles de Barcelona ha celebrado, en cambio, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que considera que el plan municipal podría provocar la "decadencia" del sector.

Los hoteleros han remarcado la necesidad de "preservar la excelencia de la planta hotelera de la ciudad" para evitar que quede obsoleta y no se mengüe su capacidad para atraer "turismo de calidad".