El Servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona propone que se realice una reforma legislativa para tipificar como agravante del delito cualquier rechazo o discriminación por origen territorial entre regiones de España y por usar las lenguas oficiales, han indicado a Europa Press fuentes fiscales.

Según publican este jueves El Periódico de Catalunya y El Mundo, el fiscal especializado en delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, así lo recoge en su memoria de 2018, que también remarca que ese año aumentaron los delitos por discriminación por orientación política, pasando de 83 a 203 atestados.

La mayoría de estos casos son delitos leves como amenazas en redes sociales, daños o pintadas, y en muchos casos quedan archivados al no identificarse el autor o autores, y abarcan todas las ideologías, desde la independentista hasta la constitucionalista.

El fiscal considera que las amenazas, insultos o agresiones que tengan el componente de discriminación por cuestión de origen deben tener una pena superior por este agravante, por lo que pide que una nueva reforma del Código Penal lo contemple para imponer penas más altas.

Según la memoria de la Fiscalía de odio, en 2018 hubo 68 atestados por discriminación por racismo, cuando el año anterior fueron 94; por orientación sexual pasaron de 67 en 2017 a 59 en 2018, si bien la cifra global de asuntos tramitados aumentó un 40% (de 291 a 412).