El Foro Social Permanente, uno de los impulsores de la Cumbre de Kanbo, en la que se escenificó el final de ETA, recomienda que los recibimientos a presos de ETA se hagan "en espacios cerrados" y no se judicialicen. Además, se muestra convencido de que, cuando los reclusos inicien "su propio itinerario de segundo a tercer grado, con permisos y un contacto regular con su comunidad, los 'ongietorriak' dejarían de producirse".

Los integrantes del Foro Social han hecho públicas este miércoles unas consideraciones sobre la polémica generada en torno a los denominados 'ongietorris' a presos de ETA excarcelados, después de los actos de recibimiento del pasado fin de semana en Hernani y Oñati a José Javier Zabaleta Elosegi, alias "Baldo", y Xabier Ugarte Villar.

Tras analizar durante 72 horas "las reacciones y silencios de todos", ha señalado que, en su dinámica de "interlocución permanente con numerosos agentes políticos, institucionales, sociales y el colectivo de personas presas EPPK, el Foro Social Permanente ha constatado que los denominados 'ongietorris' realizados en el espacio público "están convirtiéndose en un elemento de división entre los actores que obran por la resolución y en la construcción de una convivencia democrática".

Además, considera que "ponen en peligro los consensos existentes en la cuestión de las personas presas". "Las víctimas de ETA nos han trasladado de manera expresa que actos como los de Hernani y Oñati les revictimizan, generándoles un dolor añadido", ha apuntado.

Por su parte, los familiares de personas reclusas les han comunicado "su desazón por esta cuestión que, a su vez, aumenta su sensación de indefensión acumulada durante tantos años de sufrir una política de excepcionalidad penitenciaria en la que se han sentido completamente discriminados".

"La sociedad vasca no acepta que se sigan añadiendo situaciones de dolor a todo el sufrimiento ya acumulado por las víctimas de ETA y por los familiares de personas presas", ha asegurado.

Pese a todo, ha explicado que, en los últimos meses, han "detectado un amplio consenso en torno a tres cuestiones, la primera, que, "desde el respeto a los familiares y allegados a alegrarse por su excarcelación, los actores coinciden en que los 'ongietorriak' se puedan desarrollar en espacios cerrados".

En segundo lugar, habría acuerdo en torno al "respeto absoluto al dolor de todas las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación", y en tercer lugar, "los actores coinciden en que la resolución de la problemática de las personas presas será una aportación decidida a la convivencia democrática".

ESPACIOS DE CONSENSO

Por ello, entienden "urgente pasar de estos espacios de consenso puntuales a un acuerdo integral que afronte definitivamente la resolución de la problemática de las personas presas". A su juicio, este acuerdo "debe basarse en la triangulación entre las instituciones (Gobiernos español, vasco y navarro), las propias personas presas y la sociedad civil".

Según ha explicado, se trata de un consenso "que tendrá como pilares el fin de la excepcionalidad, la aplicación ordinaria de la legalidad penitenciaria y el reconocimiento por parte de las personas presas del daño causado".

"Tenemos el convencimiento de que el día que las personas presas inicien su propio itinerario de segundo a tercer grado, con permisos y un contacto regular con su comunidad, los 'ongietorriak' dejarían de producirse", ha subrayado, para apuntar que "obrar por dar pasos decididos en este camino tampoco debe llevar a resignarnos a esta situación".

Por ello, ha asegurado que el Foro Social Permanente trabajará "por consolidar los espacios de consenso existente, sobre la base de las cuatro recomendaciones: un escrupuloso respeto a las víctimas de ETA y a su dolor, que los 'ongi etorriak' se desarrollen en espacios cerrados; un reconocimiento al sufrimiento de los familiares y allegados que durante tantos años han debido afrontar, en situaciones muy difíciles, el alejamiento y la dispersión; y un compromiso decidido de la persona expresa de aportar en su comunidad en la construcción de la convivencia democrática y de un futuro basado en una cultura de paz y de derechos humanos".

Para finalizar, entiende que "una judicialización de esta problemática, por dolorosa que haya sido para las partes, no es el camino adecuado para afrontar la necesaria solución definitiva e integradora a esta cuestión".