Se trata de un espacio natural protegido, lugar de importancia comunitaria (LIC) y zona de especial protección para las aves (ZEPA), han explicado desde la Diputación de Huesca en una nota de prensa, en la que han detallado que el atractivo de la zona provoca episodios de masificación en momentos muy puntuales del año que ponen en peligro los valores naturales de la zona y el propio recurso turístico, "que pueden suponer un riesgo para las personas y que devalúan la experiencia de la visita".

La falta de regulación del uso público, además, impide un aprovechamiento sostenible del espacio por parte de las iniciativas locales, y comporta que unos usos perjudiquen los otros, y genera un marco de inseguridad jurídica de cara a posibles inversiones, han apuntado desde la institución provincial.

Asimismo, han señalado que la Generalitat de Cataluña ha convocado una reunión entre todas las Administraciones implicadas, tanto aragonesas, como catalanas, para analizar la situación y consensuar los pasos que se han de seguir de aquí en adelante.

El objetivo es alcanzar un acuerdo institucional sobre la regulación del uso público y ordenación del espacio que concrete posibles restricciones de acceso, así como los aprovechamientos turísticos en uno y otro lado, han dicho desde la DPH.

AVANCES

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha explicado que "estos últimos años se había avanzado muchos gracias a la buena relación de vecindad de este territorio, aunque se carece de un marco legal operativo o práctico que nos permita consolidar y reglamentar el uso de ese espacio y de ese territorio".

Ha recordado que los últimos acontecimientos tanto en cuestiones de mantenimiento de infraestructura, como de la cantidad de visitantes en días puntuales "hacía necesario plantear un uso controlado donde la preservación, la economía, la seguridad y otros factores se puedan conjugar adecuadamente".

En este sentido, ha considerado que la reunión de este martes ha servido para constatar el apoyo de las Administraciones superiores a los ayuntamientos del territorio en sus propuestas.

A partir de ahora, la voluntad es continuar trabajando con encuentros con los diversos actores privados que operan en la zona en el ámbito turístico y de la conservación de la naturaleza, así como con los cuerpos de seguridad, vigilancia y control. También, después del verano, se prevé una reunión con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que es la competente para regular el uso de la lámina de agua, han indicado desde la DPH.

ACUERDO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

En la reunión han participado representantes del Gobierno de Aragón, de la Generalitat de Cataluña, de las Diputaciones de Huesca y Lérida, del Instituto Aragonés del Agua, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, de los alcaldes y alcaldesas de Estopiñán del Castillo, Viacamp y Litera, Puente de Montañana, Àger, Sant Esteve de la Sarga, Os de Balaguer, además de los responsables de los consejos comarcales de la Ribagorza, Pallars Jussà y la Noguera.

La estrategia acordada para definir la ordenación del uso público y las actividades turísticas en el espacio de Montrebei, prevé diferentes actuaciones, entre las que se encuentran el reconocimiento del trabajo hecho en estos años por todos los actores y de los valores naturales, paisajístico, turístico, económico, de creación de empleo, y de fijación de la población en el territorio.

Además, se ha establecido el compromiso de actuar para proteger a las personas, la actividad turística y económica, el medio natural, la sostenibilidad y la seguridad, que se materializará trabajando conjuntamente los Gobiernos de Aragón y Cataluña, las Diputaciones de Huesca y Lleida, los consejos comarcales y los ayuntamientos de los dos ámbitos implicados.

A tal efecto se ha acordado crear una comisión permanente de coordinación y seguimiento integrada por ocho miembros: el presidente de la Diputación de Huesca o en quien delegue; el presidente de la Diputación de Lleida, o con quien delegue; la directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón; el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat; el presidente del Consejo Comarcal de la Ribagorza aragonesa; el del Consejo Comarcal de la Noguera; el alcaldes de Viacamp y Litera, así como el de Sant Esteve de la Sarga. La primera reunión de esta comisión se realizará la primera quincena de septiembre.