David, miembro de Patrulla Ciudadana BCN
David, miembro de las Patrullas Ciudadanas contra carteristas en el metro de Barcelona. Chema Clavero / Twitter

Los vídeos que cuelgan en las redes sociales les muestran actuando casi siempre en pareja o en grupo. Van vestidos con camisetas uniformadas, silbato y móvil en ristre. En la grabación más reciente se les ve rodear a dos mujeres de origen rumano sentadas en un convoy del metro. Y acusarlas a gritos de ser dos carteristas. Les exigen que salgan del vagón. "Fuera, fuera" se escucha de fondo. Pero una viajera, testigo de los hechos, se levanta y planta cara a quien está grabando la escena. Le afea falta de respeto hacia las dos chicas que, para demostrar que no han sustraído nada, enseñarán instantes después a la cámara sus partes íntimas al desnudo.

Así actúan las patrullas vecinales contra carteristas en el metro de Barcelona. Detectan sospechosos, los exponen, los rodean, los sacan del vagón y después hacen viral su imagen y sus enfrentamientos a gritos, a escupitajos o en peligrosas carreras por los andenes.

Actualmente hay operativos al menos dos grupos organizados de anticarteristas en Barcelona, Patrulla Ciudadana y ROAR Barcelona, que compiten ligeramente enfrentados por denunciar los elevados índices de hurtos al descuido en el suburbano, principalmente a turistas y personas mayores. Ante el auge de este fenómeno, cabe preguntarse si estos grupos aportan colaboración ciudadana o suponen una quiebra en los derechos y la seguridad ciudadana.

David es 'Davichu1978' en la red social Twitter, donde se presenta como integrante de Patrulla Ciudadana BCN, organización surgida alrededor de Eliana Guerrero, pionera de la batalla para exponer a carteristas en el metro de Barcelona. "Somos más de cuarenta en activo, pero recibimos solicitudes de incorporación diariamente", explica David en conversación telefónica. "Intentamos filtrar bastante a los nuevos, y siempre pedimos el DNI para saber con quién patrullamos". En su grupo, dice, hay varios empresarios, vecinos de Barcelona de toda la vida e inmigrantes "hartos" de presenciar robos.

"Llevamos camisetas con el logo de patrulla ciudadana visible, gorra y silbato, pero nunca armas. Está prohibido por ley y por nuestros estatutos. Lo más que llevamos es un gel pimienta, disuasorio, y solo para defensa personal. Es legal si lo compras en una armería homologada en España", explica este miembro desde hace medio año de la patrulla ciudadana contra 'rateros'. En su cuenta de Twitter cuelga los vídeos y fotos de su labor a la que dedica varias horas cada día. Y reivindica que "ni somos fascistas ni somos vigilantes. Somos ciudadanos hartos de la nefastas políticas de seguridad y leyes y hartos de los ladrones que entran y salen como quieren... ¿Te han robado? ¿Te hubiera gustado que no? ¿Que te ayudarán? Pues eso hacemos! Evitamos robos".

"Si nos multan, hemos decidido seguir"

Residente en Barcelona desde los años noventa y ahora empresario (es dueño de un comercio en el centro de la ciudad) dice que fue "la impunidad" con la que "dos rumanos" miraban de reojo a unas turistas a punto de coger el elevador de la estación de Sants lo que le hizo empezar en solitario a ejercer de 'activista' antirrobos. "No pude evitarlo, me puse en medio, y comencé a gritar en inglés "Be careful. Pickpocket. Pickpocket" (Cuidado, carteristas, carteristas). "Lo hago por la ciudad y porque esas chicas podrían ser mi madre o mi hermana. No puedes mirar para otro lado. No puede haber tanta impunidad".

La sensación de creciente inseguridad en Barcelona ha incrementado su presencia este verano en el suburbano. Su causa persigue dos objetivos: por un lado más vigilancia en el transporte público, de Mossos y de seguridad privada, y por otro endurecer las leyes para condenar más enérgicamente la reincidencia de bandas de ladrones y descuideros. Aspiran a revertir la doctrina del Tribunal Supremo, que en 2017 dictó que era "sustancialmente desproporcionado" convertir en penas de prisión de hasta tres años la reincidencia por delitos leves de hurto.

El Ayuntamiento de Barcelona habló por primera vez la semana pasada de la peligrosidad de estas patrullas. El edil de Seguridad, Albert Batlle —en declaraciones a la Cadena Ser en Cataluña— especificó que incluso pueden ser "la puerta de entrada de mafias" y esto es "lo más peligroso que puede haber en temas de seguridad". El consistorio de Ada Colau se ha propuesto combatirlas, recordando que "la seguridad es responsabilidad de la administración". En principio, la idea es elevar el asunto a reuniones de coordinación con los Mossos, pero no se han especificado más medidas concretas.

David, de Patrulla Ciudadana, está convencido de que las autoridades municipales reaccionan ahora "por la mala imagen que está transmitiendo la ciudad debido a nuestros vídeos. Hay vídeos con miles de visitas. Porque hay miles de carteristas". Y advierte de que las multas, en el caso de que esa sea la opción de las autoridades, no les frenarán. "Todos hemos decidido seguir. Si nos multan, se pagará la multa, y seguiremos. Más visible será la causa".

Amalia Alejandre es abogada de la Comisión Penal de la Asociación Libre de Abogados. A su juicio, la forma de actuar de estos grupos organizados de vigilantes antirrobos, que acosan y graban a los presuntos carteristas, "podrían atentar contra la intimidad y la propia imagen" de estas personas. Pero las patrullas, dice Alejandre, se aprovechan de que "no entra en las prioridades" denunciar "por ver afectados sus derechos de imagen y su integridad", lo que les da "impunidad". La abogada aprecia, además, otros riesgos posibles: "Pueden llegar a producirse linchamientos o lesiones un día, si alguien pierde los nervios. La colaboración ciudadana no puede generar conflictos", sostiene, "tiene que apaciguar los ánimos".

En este sentido, el catedrático en derecho penal por la Universidad Oberta de Catalunya, Josep María Tamarit considera "preocupantes" estas actuaciones que  "bordean la legalidad" y cree que los integrantes no son del todo conscientes de que pueden tener implicaciones de responsabilidad penal. "La ley permite a cualquier persona detener a alguien sorprendido cometiendo un delito 'in fraganti', que se esté consumando de manera patente, si inmediatamente lo presenta a las autoridades. Pero si de lo que hablamos es de gente sospechosa, eso ya no tiene cobertura y pasaría a ser detención ilegal, que tiene penas graves".

A juicio de Tamarit, el Ayuntamiento, como responsable del transporte municipal, y la Generalitat, como responsable de la seguridad ciudadana, "deberían coordinarse y controlar a estas personas. Se pueden envalentonar, o ser manipuladas por grupos de extrema derecha, y existe el riesgo de que las situación se vaya pudriendo. Estas personas, como mínimo, debería estar identificadas, controladas e informadas de que lo que pueden hacer y no hacer tiene unos límites legales muy claros".

Mossos: "No ayudan a resolver delitos"

En una comunicación oficial a 20minutos, Mossos d'Esquadra comenta que "valora como indispensable la colaboración ciudadana, porque la seguridad se ha de abordar desde una perspectiva transversal. Gracias a las colaboración de los ciudadanos se resuelven y detienen a autores de hechos delictivos. Las informaciones que nos hace llegar la población son muy positivas y se examinan todas". Dicho esto, señalan que "no hay que perder de vista que el monopolio de la seguridad es de la Policía y que estas patrullas no pueden asumir funciones que no les corresponden. Los canales de información con la Policía son el 112, referentes policiales de proximidad o las comisarías".

Y, sin embargo, agregan que "las acciones que patrullas urbanas llevan a cabo en el metro, señalando a los que consideran posibles hurtadores y que acaban sacando fuera, no son acciones que ayuden a la Policía a resolver hechos delictivos y pueden ocasionar situaciones tensas y derivar en incidentes graves".

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