El mismo día, un profesor que abusó de siete alumnas en Cádiz, aceptaba una condena de algo más de cuatro años con respecto a los 21 que pedía el fiscal. "La razón de esa rebaja fue un acuerdo entre las partes para evitar a las menores, de ocho y nueve años, el mal trago de declarar en el juicio."

El tener que volver a declarar provoca una "segunda victimización del menor",incluso varias veces, "está aún pendiente de resolver, advierten diversos colectivos en defensa de la infancia". En alguna ocasión, son los propios padres "los que prefieren no denunciar para que sus hijos no sufran un proceso judicial. Por ello, algunos pederastas siguen en libertad o ven reducir sus penas sustancialmente".

Cambios a la Fiscalía

Para evitar esta irregularidad, se piden cambios a la Fiscalía General del Estado. Mañana "una comisión constituida por tres fiscalías y creada a raíz del caso de Mariluz celebra su segunda reunión para evitar fallos en casos de delitos sexuales."

La asociación Pro Derechos del Niño (PRODENI) "lamenta que hasta ahora la Justicia sólo haya puesto "parches" para proteger los derechos del menor, como que declare tras un biombo o una mampara" .

"La Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (ASPASI) se opone a obligar a los niños a declarar en presencia de sus agresores. "Aumentará su temor, se sentirán todavía más presionados y probablemente se contradigan respecto a otras declaraciones. En un 86% de los casos, el agresor es un miembro de la propia familia o una persona del entorno de la víctima", explica su portavoz, Carmen Refuerce", publica el diario Público.