El Consello de Contas recomienda a la Xunta "actualizar anualmente, en función de los resultados de tráfico de años anteriores y de la información disponible bajo un criterio prudente" los pagos que debe realizar a las concesionarias de las autovías construidas por el sistema de peaje en la sombra.

Asimismo, entiende que "los compromisos deberían contabilizarse por el valor actual a la fecha de cierre del ejercicio sin incluir la inflación futura, actualizando al mismo tiempo año tras año el valor correspondiente al ejercicio siguiente según las previsiones de inflación de ese año".

De esta forma, "la Administración tendría cubiertos para cada ejercicio los gastos por el uso de las infraestructuras", según recoge en su informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente al ejercicio de 2017.

Este es uno de los casi 20 informes que el conselleiro maior, José Antonio Redondo, ha entregado este viernes al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.

PEAJES

En dicho documento, Contas señala que "dentro de los compromisos de gastos futuros del sector público autonómico destacan los relativos a los peajes en la sombra que en el ejercicio 2017 registró la Axencia Galega de Infraestruturas (AGI) en el estado de futuros de su sistema contable".

"Estos compromisos de gastos corresponden a los pagos que la Administración deberá realizar a las concesionarias de las autovíasconstruidas por el sistema de peaje en la sombra y por la supresión y reducción de los peajes", explica.

Al respecto, constata que en el ejercicio fiscalizado se produjo una modificación, pues si bien inicialmente el pago por compensación de los peajes suprimidos a los vehículos que usaban las rutas Vigo-O Morrazo y A Barcala-A Coruña de la AP-9 se repartía a partes iguales con la Administración del Estado, a partir de julio la Administración del Estado asumió la totalidad del pago a Audasa.

Por otra parte, la AGI contabiliza estos gastos dentro del capítulo VI por tratarse de infraestructuras autonómicas. "Sin embargo, para no ofrecer una imagen sobredimensionada de las inversiones de la Administración", el Consello de Contas subraya que "no se debería registrar en este capítulo la parte del canon que se corresponda con gastos financieros, que se deberían contabilizar en el capítulo III, y tampoco con gastos de conservación y mantenimiento, que se deberían imputar al capítulo II en función de la parte de la cuota destinada a abonar el coste de mantenimiento".

En este sentido, "reconociendo la complejidad de la aplicación en el capítulo III de los gastos financieros", incide en que "la Administración debería incluir en la memoria información que permitiera diferenciar de forma aproximada la parte que corresponde a inversión real y la que se corresponde con la carga financiera originada por el aplazamiento del pago".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por otra parte, Contas recrimina que "el presupuesto del ejercicio fiscalizado no incluye información sobre los compromisos de gastos futuros que se prevén contraer en el ejercicio a través de fórmulas de colaboración público-privada", tal y como establece la ley de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Y añade que el Consello de la Xunta aprobó en 2017 un total de 99 modificaciones de los porcentajes y anualidades de compromisos de gastos plurianuales, seis más que en 2016, "por lo que continúa la tendencia incremental iniciada en el ejercicio anterior y su número continúa siendo mayor que en períodos anteriores, como el de 2011 a 2013".

A este respecto, Contas recuerda que en informes anteriores ya advirtió de que la adquisición de nuevos compromisos futuros a través de fórmulas de colaboración público-privada por la Xunta requiere "una determinación muy precisa entre las necesidades que prioritariamente se deben atender con recursos públicos y cuáles son los proyectos o infraestructuras para los que está justificado diferir el gasto a presupuestos futuros".

Así las cosas, insiste en que "la utilización de fórmulas de pago aplazado para la financiación de infraestructuras públicas genera incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad futura de las finanzas y traslada la carga de las inversiones presentes a las generaciones futuras".

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Por otra parte, en su informe de fiscalización de seguimiento de las recomendaciones de la contratación administrativa, correspondiente a los años 2010-2011 y 2016, Contas sigue advirtiendo "supuestos de fraccionamiento contractual".

Así, estima que hubo un cumplimiento "parcial" de sus recomendaciones, "sin perjuicio de mejoras que suponen un avance en la concurrencia competitiva de todas las contrataciones, incluidos los contratos menores".