José Calatayud, abogado del exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares, ha pedido este jueves al tribunal encargado del juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG en la Conselleria de Cooperación que dirigía el 'popular' Rafael Blasco y el fallido hospital de Haití que el pacto de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción -que contempla tres años de cárcel- "opere como techo" para que la Sala no le imponga una pena superior a esta.

Además, ha asegurado que "en este juicio se ha consumado una traición" porque, en primer lugar, la Fiscalía Anticorrupción le decía que no se "preocupara" por el acuerdo que diversos acusados cerraron con el fiscal encargado en aquel momento de esta causa, Vicente Torres, y "ese acuerdo se echó para atrás" cuando Torres dejó la Fiscalía para ocupar una plaza de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y Jesús Carrasco pasó a representar al Ministerio Público.

Asimismo, otro motivo de "traición" para Calatayud es que Carrasco "vuelve a romper el acuerdo cuando le dice a la sala que el pacto es un suelo para las penas, pero no un techo, y nos habla de lealtad y honestidad".

Así se ha pronunciado el letrado durante la exposición de sus conclusiones definitivas en la recta final de este prolongado proceso, correspondiente al segundo juicio del caso, en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación -2 y 3- por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. La pena más elevada que reclamaba el fiscal era para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.

Sin embargo, los acuerdos a los que han llegado estos acusados contemplan penas inferiores -de tres años y medio para los principales procesados-. Los encausados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.

El letrado de Llinares ha pedido al tribunal que "dicte sentencia respetando lo pactado con el Ministerio Público" pero, eso sí, ha señalado que la pena pactada "debe operar como techo". Ha destacado también que tras alcanzar el acuerdo con Fiscalía, "las acusaciones han querido que el juicio se celebrara cuando no era necesario". "Un juicio bronco y copero, largo y difícil", ha apostillado.

Así, sobre el fiscal Jesús Carrasco, ha lamentado: "En este juicio se ha consumado una traición. No he sido traicionado por el letrado de la Coordinadora porque siempre dijo que se opondría a los acuerdos, pero sí por abogada de la Generalitat y el Ministerio Fiscal. Fiscalía Anticorrupción me decía que no me preocupara por el acuerdo que firmamos en 2018 y ese acuerdo se echó para atrás. Vuelve a romper el acuerdo cuando le dice a la sala que el pacto es un suelo para las penas, pero no un techo, y nos habla de lealtad y honestidad".

"MÁS ÉXITO POLÍTICO QUE JUDICIAL"

También se ha referido a la Abogacía de la Generalitat para decir que esta ha buscado un "escarnio público": "La Abogacía se mueve por motivos políticos. Los que gobiernan ahora han conseguido más éxito político que judicial".

Por otra parte, ha apuntado que "no se puede cuantificar el perjuicio económico" que se ha producido en este caso y, por ello, ha ironizado: "Ruego a la sala que no acepten las conformidades y cuantifiquen el perjuicio. ¿Si la sala no lo puede cuantificar está obligada a absolver? Dejo la pregunta en el aire".