Mestre ha presentado los datos acompañada de la delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mercedes Colombo, que han hecho referencia a lo manifestado por la consejera, Marifrán Carazo, en el Consejo de Gobierno de la situación en la que se encuentra la planificación urbanística en Andalucía por la complejidad normativa, por una "excesiva lentitud" en la tramitación y por una "invasión de las competencias locales" en la toma de decisiones.

La delegada ha indicado que "la nueva norma que se está preparando va a permitir simplificar la burocracia y agilizar los trámites con total garantía jurídica y medioambiental".

Mestre ha afirmado que "desde la Junta de Andalucía, a través de su delegación territorial de Fomento en Cádiz, con Mercedes Colombo a la cabeza, se está trabajando porque queremos ser la Administración que ayude, que desatasque y venga a ser cómplice de las aspiraciones de los municipios, y esas aspiraciones se plantean dentro del Plan General y tienen que estar adaptadas a la Ley de Ordenación del Territorio".

La delegada de la Junta en Cádiz ha abogado por "la unificación de criterios" y ha solicitado la "colaboración de los ayuntamientos para poder subsanar las deficiencias, reduciendo significativamente los plazos".

El informe presentado por la consejera constata que tres de cada cuatro municipios andaluces no disponen de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor hace 16 años, en 2003. En concreto, 607 municipios de los 786 existentes (un 77 por ciento) no se han adaptado totalmente a la LOUA. En el caso de Cádiz, el número se concreta en 31 municipios.

El 82% de los municipios andaluces se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 planes urbanísticos están "atascados" (18 en la provincia) o bien a la espera de superar trámites para su aprobación definitiva, cinco de ellos en la provincia de Cádiz, o bien en fases más iniciales, con un total de 361 en Andalucía, en fase de avance (nueve en Cádiz), aprobación inicial o pendientes de aprobación provincial (cuatro en la provincia).

Mestre ha señalado que "este informe resalta que la principal causa del retraso en la tramitación de los planes generales ha sido la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental" y ha destacado que "mientras en el año 2009, entre la aprobación inicial y la definitiva, existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en nueve años".

Si se cuentan los tiempos de tramitación de los avances, el plazo de tramitación de estos planes urbanísticos supera ampliamente los diez años, ha señalado Mestre, que ha indicado que la Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.

Frente a esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adoptado distintas medidas para agilizar la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que han tenido como resultado un avance significativo en la aprobación de planes en las distintas comisiones territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

En los seis primeros meses de este Gobierno del cambio se han celebrado doce sesiones de las comisiones territoriales. Además, se han tratado 44 asuntos, de los que destaca la aprobación definitiva de cuatro PGOU -Taberno (Almería), Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga)- y el levantamiento de la suspensión que operaba desde hace años en otros seis planes -Quesada (Jaén), Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar (Málaga), Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla)-.

La delegada ha subrayado que "el documento resalta asimismo que en estos meses se han aprobado seis instrucciones para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar flexibilidad en el desarrollo de los planes generales".

Entre ellas, ha destacado la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo significativamente los plazos, pasando de más de un año a unos cuatro meses.