La Xunta de Galicia ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña la documentación para personarse en la causa para recuperar para patrimonio público la titularidad del Pazo de Meirás -Sada (A Coruña)-, en la actualidad en manos de los herederos del dictador Francisco Franco.

La acción fue anunciada el pasado jueves por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al término de la reunión del Consello de la Xunta, que autorizó que el Gobierno gallego se personase en una causa iniciada por el Estado y a la que está previsto que se sume también el Ayuntamiento de Sada.

En un comunicado, la Xunta expresa que "pone en marcha las acciones legales oportunas" para reintegrar el Pazo de Meirás a los bienes de dominio público en cumplimiento de sus funciones como administración obligada a "salvaguardar el patrimonio cultural gallego".

En este sentido, recuerda que la Ley gallega de Patrimonio Cultural establece que el Gobierno autonómico puede acordar medidas de colaboración con la Administración general de Estado de cara a proteger los bienes del patrimonio cultural de Galicia "especialmente cuando se vean amenazados por actos de expolio o destrucción".

El Pazo de Meirás fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito -PSdeG y BNG- en 2008. Así, nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público.

En junio del pasado año, la Cámara gallega recibió el dictamen de este órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.

Un año después, a inicios del presente mes de julio, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco en los juzgados da Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás.

La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil.

En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue "fraudulento", porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.