La Comisión Europea (CE) podría aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por incumplir los niveles de contaminación atmosférica en Madrid y Barcelona, donde la calidad del aire se aleja de los estándares deseables, a pesar de los múltiples avisos de la institución sobre la necesidad de tomar medidas para atajar el problema.

La decisión se haría pública el próximo jueves, 25 de julio, tras el último Colegio de Comisarios que se celebrará antes del parón veraniego. No obstante, la Comisión no ha confirmado esta información.

Fuentes de la Unión Europea han indicado a EFE que no pueden confirmar "futuras decisiones" sobre los procedimientos de infracción abiertos a los Estados miembros por no respetar el Derecho comunitario.

La Comisaría de Medio Ambiente de la CE monitoriza de forma férrea la escasa calidad del aire en España desde hace tiempo, lo que redundó hace cuatro años en la apertura de un expediente de infracción por superar los límites legales de contaminación atmosférica. El problema se centra en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona, debido a los altos niveles de dióxido de nitrógeno.

No obstante, a pesar de la delicada situación atmosférica, la Comisión decidió paralizar en mayo de 2018 el expediente de España en su última fase y no presentar denuncia por el momento, puesto que el problema no estaba tan extendido como en otros países y a la espera de los resultados que pudieran arrojar medidas como Madrid Central.

Por el contrario, la CE decidió llevar ante el TJUE en ese momento a otros países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría y Rumanía por infracciones en la calidad del aire. Ahora, la decisión del nuevo Gobierno de la capital de España de revertir Madrid Central han vuelto a poner en primera línea el incumplimiento de la legislación comunitaria sobre la contaminación.

Resulta difícil calibrar cuál puede ser la cantidad de una hipotética multa impuesta a España por la baja calidad del aire, ya que, hasta el momento, ningún país europeo ha sido sancionado por este motivo. Sin embargo, la ONG Ecologistas en Acción estima que puede rondar los 200 millones de euros al año; una cantidad que no pagarían los ayuntamientos infractores, sino la totalidad del país.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ya informó en 2018 de que seguiría pendiente de las medidas aplicadas en España y de su efectividad, y a principios de julio envió una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para dar un tirón de orejas a las diferentes administraciones por la mala calidad del aire y la inacción ante la situación.

"Me gustaría llamar su atención nuevamente por la grave situación con respecto a la calidad del aire en España", comenzaba su misiva el comisario europeo, que exponía claramente que "las medidas anunciadas y tomadas hasta el momento no son suficiente" e invitaba a las administraciones a actuar de manera "nacional, regional y local" para acabar con el problema.

Este martes el Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España en 2018, que ha revelado una mejora con respecto al año anterior, aunque ha corroborado que los problemas con el dióxido de nitrógeno continúan centrados en Madrid y el área metropolitana de Barcelona, además del Corredor del Henares y Granada.

El estudio, que ha arrojado una "ligera mejoría" en los niveles de todos los contaminantes atmosféricos durante el ejercicio pasado, también ha desvelado que los avances registrados en 2018 no se han mantenido en los primeros meses de este año, sobre todo en lo relativo al dióxido de nitrógeno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se manifestó este lunes durante su discurso de investidura sobre la necesidad de garantizar la calidad del aire, para lo que planteó la creación de una ley de cambio climático con el objetivo de convertir a España en un "país clave a nivel internacional". En este sentido, anunció su intención de dotar a todas las ciudades de más de 50.000 zonas de "bajas emisiones".

"Es una irresponsabilidad no trabajar por el derecho de los ciudadanos a respirar un aire de calidad", argumentó el líder socialista, que se refirió también a la necesidad de concienciar a la ciudadanía de los riesgos del cambio climático.