Asimismo, en la moción también piden a los ejecutivos central y autonómico que alcancen un acuerdo para aprobar la consideración de actividad económica a la explotación de viviendas turísticas y dotar a las comunidades autónomas de un servicio de inspección "suficiente" para hacer frente a la proliferación de viviendas turísticas que no sean legales.

De igual modo, proponen que el Ayuntamiento se comprometa a trabajar en la aprobación de una ordenanza para regular el permiso para poder destinar una vivienda a uso turístico con el permiso previo de la comunidad de propietarios y atendiendo a criterios de zonificación e intensidad de uso para evitar la saturación de determinados barrios de la ciudad.

Así lo ha explicado la portavoz del grupo municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, que ha recordado que "el sector turístico es indiscutiblemente uno de los pilares de la economía malagueña junto a otros como la cultura y la innovación", además de que "es testigo de la transformación experimentada" por la ciudad.

Tras valorar las cifras del turismo, ha señalado que más allá de los hoteles, en los últimos años y al igual que ha ocurrido en otras ciudades, ha cobrado fuerza el modelo de turismo basado en las pernoctaciones en viviendas turísticas.

De acuerdo a los últimos datos de los que se disponen -abril 2019- en Málaga capital hay un total de 4.980 viviendas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA).

De Siles ha incidido en que "no queremos demonizar a las viviendas turísticas" al ser éstas una fórmula "complementaria" de alojamiento, pero ha dejado claro que no se puede obviar que "existe una problemática que viene dada por el hecho de que frente a estas viviendas inscritas oficialmente y por tanto legales, hay otras que funcionan como tal y están al margen de la ley". Así, ha dejado claro que "son éstas, en su mayoría, las que no solo suponen una competencia desleal para el resto sino que generan la mayor parte de problemas de convivencia".

Ha recordado, por otro lado, que el Ayuntamiento vienen "preocupándose y ocupándose" de acuerdo con sus competencias, de este problema.

Además, ha incidido en que la actual regulación autonómica, que entró en vigor con el anterior ejecutivo andaluz, "no deja en buen lugar a Andalucía respecto a otras comunidades" y ha dicho que la "dispersión normativa" genera "desprotección" a los ayuntamientos y los vecinos "ya que tienen diferentes derechos a la hora de hacer frente a este asunto en función de la comunidad en la que residan. Además compromete la calidad de la oferta de alojamiento del destino y genera problemas de convivencia y reputación".

Por ello, ha insistido, al igual que opina el Ejecutivo andaluz, en la necesidad de que sea el Gobierno central quien acometa una regulación única para todo el territorio nacional y unifique los criterios para que las "reglas del juego" pasen a ser las mismas en todos los municipios españoles.

Según Pérez de Siles, la normativa que se ponga sobre la mesa, debería otorgar además la consideración de "actividad económica" a la explotación de viviendas turísticas y garantizar un adecuado y suficiente régimen inspector.

Además, ha asegurado que más allá de eso, y si bien las competencias como Ayuntamiento "son limitadas en este sentido", ha dicho que seguirán trabajando para que la inscripción de una vivienda turística en el registro no pueda llevarse a cabo si no cuenta con el permiso de la comunidad de propietarios a la que pertenece así como el visto bueno municipal. Esto último, podría articularse mediante la aprobación de una ordenanza, ha señalado.