"Tras conocer los presuntos hechos, a comienzos de este mes de julio, el obispo ordenó al vicario judicial de la Diócesis de Cartagena que incoara la preceptiva investigación previa para esclarecer los hechos", apunta la nota.

Asimismo, hasta el esclarecimiento de los hechos y "sin menoscabar el derecho a la presunción de inocencia del sacerdote", el obispo lo ha apartado temporalmente de sus responsabilidades pastorales.

Independientemente de que estos presuntos hechos se estén investigando en la jurisdicción canónica, la Diócesis de Cartagena ha resaltado que "siempre actuará ante estos delitos execrables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley de Protección Jurídica al Menor y de acuerdo con la política de cooperación con la jurisdicción estatal exigida por el Papa Francisco y que se refleja en el artículo 19 de su último Motu Proprio Vos estis lux mundi".

Lorca Planes reitera su "tolerancia cero" ante este tipo de comportamientos, en comunión con el Papa Francisco, y manifiesta que la Diócesis de Cartagena "seguirá adoptando las medidas necesarias para atender estas denuncias".

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