En este sentido han presentado dos escritos, en el Ayuntamiento de Palma y en el Consell de Mallorca, solicitándolo y añadiendo que, de no cumplirse, se adopten las "medidas legales oportunas", llegándose a impedir la celebración de la corrida de toros.

Asimismo, han advertido que, "de no realizarse del modo indicado, dichos organismos y sus responsables podrían incurrir en fraude de ley y/o, incluso, en un posible delito de prevaricación administrativa".